El Partido Popular no digirió la moción de censura que expulsó a Rajoy de La Moncloa en 2018. Pese a que el PP se desangraba en los tribunales al irse descubriendo los sucesivos y graves episodios de corrupción, la derecha política, social y económica, fortalecida por la descarada irrupción de Vox en escena, nunca ha perdonado a la izquierda su recurso a los procedimientos democráticos de la Constitución para sancionar una deriva que se había vuelto insoportable.
Lo grave es que esta presunción de ilegitimidad perdura todavía. Feijóo, al frente de este conglomerado, está convencido de estar en posesión de una verdad histórica que debería ser saludada con alborozo por toda la comunidad, frente a los malnacidos progresistas, siempre críticos e inquietos, que se niegan a aceptar que haya una casta señalada por la providencia para que decida los destinos del común. Ese ámbito ‘liberal’ está además estrechamente vinculado al sector mayoritario de la judicatura, que es de naturaleza también conservadora según se comprueba fácilmente al examinar su organización asociacionista, y a los grandes gestores del capital, que tratan de acumularlo con el argumento de que el capitalismo sin trabas establece el marco natural del hombre, que no debe ceder a las causas utópicas de la solidaridad, la redistribución y los servicios públicos tendentes a procurar una mínima e irrechazable equidad, porque la intervención del Estado prima la vagancia y estrangula a los emprendedores.
Con estos presupuestos en el ideario, la derecha expulsada del poder no se ha conformado con su suerte. De entrada, se ha negado a perder el control del poder judicial por el procedimiento de encastillarse en el Consejo vulnerando con descaro la Constitución. Además, para manifestar su disconformidad con la existencia de este gobierno «ilegítimo», ha organizado a diario manifestaciones frente a la sede del PSOE en Madrid, no tanto para mostrar desacuerdo con algún extremo cuanto para que quede claro que la «gente de orden» detesta a sus antagonistas de izquierdas, que han tenido la osadía de desconocer que los elegidos alcanzan el poder por una especie designio divino, siempre aplaudido por una jerarquía católica que no ha perdido ni un ápice de su audacia por el hecho detestable de que se prodigue en su seno una pervertida afición a los menores de edad.
En este proceso de desmontaje, se utiliza la ley del embudo. Las acusaciones constatables contra el fraude fiscal y la falsedad del compañero de la presidenta de Madrid es una agresión inicua, pero la detestable persecución de la esposa del presidente del Gobierno es un acto de transparencia admirable.
Así las cosas, la expulsión del poder de quienes se han adueñando de él negándoselo a sus verdaderos propietarios predestinados se ha convertido en el objetivo trascendente que hay que lograr a toda costa, aunque para ello haya que hacer una carnicería social y jurídica basada en los bulos y en las conspiraciones más descaradas. Se han traspasado todos los límites y, con una saña inaudita se ha señalado a la esposa del presidente, con acusaciones en algún caso sencillamente falsas y que en otros casos tergiversan radicalmente la realidad. Medios de reconocida inclinación ultra han pergeñado las falacias literarias que, de momento, la Justicia admite como argumento para aceptar a trámite las denuncias. La doctrina del Tribunal Supremo tiene establecido que el señalamiento penal de un ciudadano produce por sí mismo un grave quebranto al encausado, ya que arroja sobre él una sombra de sospecha. Por ello, recomienda no admitir a trámite aquellas denuncias que no vengan respaldadas por indicios razonablemente significativos que hagan pensar que las acusaciones podrían ser veraces.
Esta doctrina ha sido vulnerada y la esposa del presidente ya está en los juzgados. El estallido de Sánchez es perfectamente explicable. Y aunque muchos pensemos que no tirará la toalla, es comprensible que haya puesto pie en pared para reconsiderar el caso. Porque así no se puede seguir, evidentemente. Ni Sánchez ni esta ciudadanía.
