Resulta descorazonador que el Govern del PP se haya convertido en el baluarte defensor de los excesos del turismo, olvidándose, a discreción y con una facilidad pasmosa, de la legalidad y los derechos ciudadanos de los que debería ser garante.
La defensa desde el Consolat de Mar del agroturismo ilegal en Andratx de su director general de Transparencia, Jaume Porsell, cuyo departamento cuenta con una área de Ética Pública, añadiremos que todavía inexplorada, es el último caso notable y el más vergonzoso. Pero no el único.
Es difícil de olvidar la reciente promesa de la dirección general de Costas y Litoral de hacer todo lo posible para legalizar las terrazas de los chiringuitos de la Playa de Muro, en vez de defender la legalidad y el espacio público de todos, incluso llamando a los kioscos playeros «puntos de encuentro social y turístico», como si ese eufemismo barato les diera carta blanca para saltarse la ley.
Es la misma dirección general de Costas que a la vez ultima una ley para proteger los edificios históricos de primera línea, aunque nunca hayan sido legalizados ni contado jamás con licencia de actividad para explotar negocios de restauración a pie de playa.
Por no hablar de los bares de primera línea cuya ocupación de la vía pública mantienen aún la excepcional ocupación permitida durante la pandemia, gracias al silencio administrativo de la misma dirección general de la conselleria del Mar y a la inestimable complicidad de los ayuntamientos de turno, que aprovechan ese silencio administrativo para hacer la vista gorda y no enemistarse con los empresarios locales, como se ha visto esta semana en Can Picafort, pese a las denuncias presentadas por vecinos hartos de los excesos, a los que como siempre no se ha hecho ni caso. Vuelvan ustedes el mes que viene, se les ha conminado, que nos reiremos de nuevo en su cara.
