Al conocerse los resultados del 23J, Sánchez, eufórico, proclamó «somos más» porque al conocerse que JuntsxCat conseguía siete diputados se podía completar una mayoría absoluta con los votos del PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CCa. Las negociaciones en el extranjero iniciadas en marzo con Junts daban fruto. El para qué «somos más» también se explicitaba de forma inmediata: para conseguir la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, aunque no fuera la lista más votada por los ciudadanos, a cambio de aprobar una ley de amnistía para los encausados por el golpe de Estado de 2017 en Cataluña. En un pis pas el PSOE pasó, de considerar a la amnistía demandada por los separatistas catalanes como inconstitucional a declararla impecablemente constitucional. La elección de la mesa del Congreso y de Armengol como presidenta indicaba de forma prístina la derrota parlamentaria de Feijóo tras el obligado encargo de su investidura y la elección de Sánchez como presidente del Gobierno.
La formación del nuevo Gobierno entre el PSOE y Sumar fue acompañada por el anuncio de la casi inmediata aprobación de los presupuestos generales del Estado y las intensas negociaciones en Waterloo de Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, con Puigdemont para la aprobación de la ley de amnistía comprometida por Sánchez a cambio de su investidura. El camino fue tortuoso como se comprobó con la aprobación de dos de los decretos leyes de medidas anticrisis a cambio de las exigencias de Puigdemont: la eliminación del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil que le ponía en riesgo, la delegación o cesión de las competencias de emigración a Cataluña y reformar la ley de sociedades para sancionar a las empresas que no volvieran a Cataluña, entre otras medidas. El 18 de febrero se celebraron las elecciones gallegas con el resultado conocido, la victoria del PP por mayoría absoluta y un resultado pésimo para el PSOE, que sólo accede a la tercera plaza, tras el BNG. La primera votación de la ley de amnistía no prosperó al no votarla Junts por el temor de Puigdemont a que pudiera prosperar su encausamiento por terrorismo por su implicación en Tsunami Democràtic. El Gobierno avisó de que era el texto definitivo. No lo fue. Tuvo que doblegarse ante la exigencia de Puigdemont de blindarle ante la acusación de terrorismo. La fiscalía había calificado antes del 23J los hechos de 2019 como terrorismo y a los pocos días del 23J los calificaba de disturbios públicos. Un Bolaños pasado de revoluciones mentía sobre el informe de la comisión de Venecia sobre la ley de amnistía y se auto felicitaba de forma surrealista por su aprobación. Sánchez daba por asegurada la aprobación de los presupuestos, mientras Puigdemont afirmaba que con la amnistía sólo se cumplía el pacto de investidura y que para aprobarlos se requerían nuevos pactos. Y que se tenía que negociar el referéndum de autodeterminación. Votada la ley, estalló el caso de corrupción en la compra de mascarillas, que era el caso Ábalos, el caso Armengol y el caso Torres, en fin, el caso PSOE. Y su derivada inmediata fue la información de las gestiones de Begoña Méndez, mujer de Sánchez, con Globalia, previas al rescate de la compañía por el Gobierno por un importe de 615 millones que sumados a créditos y otras ayudas asciende a un importe superior a los 1.000 millones de euros. La reacción del «y tú más» de un Sánchez acorralado por la corrupción fue brutal, sin responder a las preguntas de la oposición e intentando tapar el escándalo de su implicación con las peticiones de dimisión «tous azimuts» de la presidenta madrileña por presuntos delitos fiscales de su novio. Las sesiones parlamentarias alcanzaron niveles de crispación inauditos, con gritos estentóreos de una desquiciada ministra de Igualdad que sugerían trastornos emocionales en el Gobierno.
El 14 de marzo Aragonés convocó elecciones anticipadas en Cataluña al no poder aprobar los presupuestos para 2024 al denegarle Catalunya En Comú sus votos. También tumba En Comú los presupuestos de Barcelona al no aceptar Collboni la integración de la fuerza política de Colau en el gobierno municipal. La consecuencia inmediata fue el anuncio de Sánchez de que renunciaba a presentar los presupuestos de 2024. Hay que decir que no presentar los presupuestos no es una opción. Es una obligación del Gobierno hacerlo. Lo dice así el artículo 134.3 de la C.E. Si no se aprueban antes del 1 de enero se prorrogarán los del año anterior hasta la aprobación de los nuevos. Sánchez echa en cara permanentemente el supuesto incumplimiento del artículo 122.3 de la C.E. por el PP para la elección del CGPJ mientras él lo hace con el 134.3. y 134.4 con el mayor de los desparpajos. Hace la renuncia porque presume que, con la convocatoria anticipada de las elecciones catalanas, no va a contar ni con los votos de Junts ni con los de ERC y va a sufrir una derrota parlamentaria que va a evidenciar que no dispone de la mayoría de la que presume. En el diario de sesiones figuran los reproches de Sánchez a Rajoy: «un gobierno que no puede aprobar los presupuestos debe convocar elecciones generales, porque no dispone de la mayoría». Lo que quiere ocultar Sánchez es que su famoso «somos más» es la expresión de una mayoría para situarle en la presidencia del Gobierno, pero no para gobernar sino para ejecutar el programa independentista. A lo más que aspira Sánchez es a «estar en el Gobierno», que puede significar el disfrute de los beneficios y privilegios del poder, la colonización de la administración del Estado, pero en absoluto gobernar. La mayoría parlamentaria ha servido para hacerle presidente, y para aprobar la ley de amnistía. No ha servido para aprobar los presupuestos. La amnistía no ha servido para obtener los beneficios con los que se justificaba, la concordia y la reconciliación con los separatistas, puesto que ya han proclamado ahora que quieren el referéndum de autodeterminación; que en caso negativo volverán a repetir la declaración unilateral de independencia. Es decir, ni concordia con los independentistas ni concordia con los ciudadanos que creen que la amnistía es inconstitucional y un atentado contra la igualdad de los españoles. Ni indultos ni amnistía han servido para lo que argumentaba Sánchez; sólo han servido para lo que ocultaba: mantenerle en la presidencia del Gobierno, aunque sin poder gobernar. Sánchez no dirige nada, se bambolea al ritmo que le marcan sus socios.
