El día 18 de junio se celebró el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso del Odio. ¿Es un problema en nuestra sociedad? Si prestamos atención al último informe conocido sobre la evolución de los delitos de odio en España (del año 2021), observamos que la cifra total de hechos registrados ascienden a un total de 1.802 (incluidas las infracciones administrativas). Esto es, un 28% más que en el año 2020. Cabría destacar, además de este aumento global, que los ámbitos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, racismo/xenofobia y antisemitismo son los que han registrado una mayor variación. En relación a ello, los hechos esclarecidos conducen a la cifra de 1.133. En este punto, se recalca el aumento en los ámbitos de antigitanismo y discriminación por razón de sexo o género. Al respecto, entre los hechos conocidos cometidos a través de Internet, redes sociales y medios de comunicación han aumentado alrededor de un 20% al año previo. Eso sí, la mayoría son amenazas y lesiones y no tanto los conocidos como delitos de odio. La tasa de este tipo de delitos lo encabeza el País Vasco. En Baleares resulta preocupante (en la cabecera).

¿Qué resulta preocupante? Uno de los problemas es la utilización de ese tipo de discurso del odio por los dirigentes políticos. En concreto, inserto en movimientos populistas que otorgan una sola identidad nacional para luchar contra el que no pertenece al mismo, como si todo fuese un enemigo. Una fractura de la sociedad, entre unos y otros, para movilizar psicológicamente a parte del electorado. Principalmente, un electorado que se ubica alejado de las clases dirigentes, y se aferra a una solución que, a simple vista, suena bien.

¿El motivo de contrarrestarlo? Efectivamente, esta preocupación por la incidencia de este tipo de discursos requiere una atención por parte de la sociedad. Principalmente, porque ese tipo de discursos puede afectar a la dignidad y la no discriminación de determinados individuos y/o colectivos. Principalmente por silenciar a los grupos o colectivos minoritarios. Si bien, el análisis debería ser riguroso y contar con expertos en distintos temas. El discurso discriminatorio o violento debe ser perseguido y atajado, pero no a costa de un excesivo paternalismo moral público. Aquellos discursos vejatorios o hirientes dirigidos claramente a los llamados «grupos diana». Es decir, a los colectivos o individuos de grupos históricamente discriminados, son los sujetos pasivos que consideramos que deben protegerse. Recordemos que el discurso de odio se recogió en el ámbito europeo como aquellas formas de expresión que propaguen, incitan o promuevan el odio racial, xenófobo, machista, antisemita, etc. El odio (aversivo) provoca una marginación social a ese colectivo que ya sufre rémoras en la sociedad. En este punto debe centrarse el esfuerzo.

¿Algunas propuestas? A pesar del rechazo moral a expresiones odiosas, el problema principal ha surgido con la nueva tipología delictiva penal, los conocidos como delitos de odio, dado que en determinadas ocasiones hablamos de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y no de un límite a la misma, y con ello, una consecuencia penal. Ya que, no tan solo mencionamos a un derecho fundamental, sino que es una libertad esencial en un estado democrático constitucional. Se exige una contextualización adecuada que diferencie un ataque directo a un colectivo a una simple burla. Desde nuestro punto de vista, no debe olvidarse la cuestión de la seguridad jurídica y el efecto censura a la libertad de expresión.