Reflexiones en torno al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Palma

Haré un poco de memoria. Corría el invierno de 1973 y un grupo de jóvenes arquitectos nos reuníamos, casi clandestinamente, en un viejo y enorme caserón del Centro Histórico de Palma. Ca la Torre, recién comprado por el Colegio de Arquitectos, estaba todavía vacío y al terminar nuestra jornada nos juntábamos para hablar de cómo debía ser una ciudad y cómo no. En aquellos años se estaba produciendo en el urbanismo europeo un cambio substancial. La ciudad era todavía concebida como un puzle de manchas en el plano, zonas de diferentes usos enlazadas por una red viaria pensada para facilitar el tránsito de coches. La innovación que entonces se proponía consistía en recuperar lo que había sido la esencia de las ciudades europeas: promover en lo posible la mezcla de usos y recuperar el espacio público a la medida de las personas. Este cambio de criterio, que por fortuna se mantuvo en los Planes Generales que siguieron, venía entonces impulsado por arquitectos italianos: Aldo Rossi acababa de publicar La arquitectura de la ciudad y urbanistas como Giancarlo de Carlo o Gianpiero Cuppini, a través de la revista Parámetro, defendieron un concepto evolucionado de ciudad, más atento al modelo europeo, a escala humana, que al americano, a escala automóvil. Un momento apasionante en la historia del urbanismo que tuvo su primer reflejo en Palma con la recuperación del barrio del Puig de Sant Pere, merced a un movimiento vecinal pionero encabezado por la primera arquitecta en la historia de Mallorca, Joana Roca. Pocos años después, en 1977, mi despacho tuvo la suerte de ganar el concurso para el Plan Especial del Centro Histórico de Málaga y, siguiendo aquellos criterios, propusimos la protección y rehabilitación de las magníficas tipologías populares andalusíes con patio y también algo que ocurría por primera vez en España: la total peatonalización de la ciudad antigua. Esta decisión fue contestada por algunos comerciantes faltos de visión, y se ha puesto en práctica con notable éxito cuatro décadas después. El centro histórico de Málaga es uno de los más grandes de España (unas 50 has) pero el de Palma le dobla en extensión: es uno de los más grandes de Europa y de mayor contenido monumental. Con el PGOU de 1985, Palma protegió también su centro histórico, que se veía amenazado por dos factores: uno, el natural deterioro físico y, otro, el escaso aprecio mostrado por el anterior Plan General, que permitía la demolición de las viejas tipologías y su substitución por edificios de dudosa arquitectura. Al comienzo de la calle Concepción puede verse un moderno bloque retranqueado que da muestra del desastre que estaba a punto de ocurrir, y en El Terreno podemos ver varios bloques en altura que, en los años 70, degradaron para siempre el magnífico barrio. El plan de 1985 trató de poner remedio con una decidida protección de las tipologías tradicionales del centro histórico y, pocos años después, el barrio antiguo de Palma pasó, de ser un sector degradado, a tener el precio por metro cuadrado más alto de la ciudad. El PGOU de 1985 cometió también errores. El más grave fue permitir la desaparición del barrio de la Gerrería, que tenía el trazado de calles más característico de la ciudad musulmana de Medina Mayurka y un subsuelo cargado de restos arqueológicos. El siguiente plan, de 1998, no cambió substancialmente las directrices de 1985, aunque le dio forma precisa y ordenada. Y del nuevo PGOU, 2023, hay que decir que afronta un fenómeno desbordante que en los últimos veinte años ha venido a trastocar todos los parámetros. Tiene al menos cuatro frentes: (a) el turismo masivo, que ha superado todas las previsiones; (b) un interés creciente de muchos habitantes europeos por trasladar su residencia a Mallorca; (c) un incremento notable de la inmigración, en su mayor parte ligada a la hotelería o la construcción pero también formada por médicos, maestros y otros profesionales; (d) un uso creciente de vehículos, cuya intensidad media diaria en la isla supera el millón. La consecuencia más preocupante de este crecimiento es que, en veinte años, la población de Palma ha aumentado en unos 120.000 habitantes (un 30%) y la creciente demanda de vivienda social —que debe competir de forma injusta con la turística y con compradores europeos— no está siendo atendida. El alquiler vacacional —que ya se ha controlado en parte— agravó la situación, reduciendo la oferta y aumentando los precios del alquiler. El problema del acceso a una vivienda asequible es, desde un punto de vista social, de extrema urgencia y el instrumento que prevé el nuevo PGOU no está exento de criterio y buenas intenciones. Se trata de desclasificar suelos urbanizables de considerable extensión situados lejos del centro urbano (Son Gual o Puntiró, entre otros) y trasladar su edificabilidad a sectores ya integrados en el núcleo de la ciudad. Aquellos suelos urbanizables habían surgido de manera poco racional hace medio siglo en emplazamientos alejados del centro, consumen grandes extensiones de suelo —a menudo de alto valor paisajístico—, absorben escasa edificabilidad, y están muy lejos de resolver el problema de la vivienda social. Su desclasificación se apoya en el Decreto-ley 9/2020 y en el hecho de que, algunos de ellos, no habían cumplido los plazos de urbanización. Con la propuesta del PGOU se recuperan como suelos rurales y se traslada su edificabilidad a nuevos suelos urbanizables integrados en la ciudad consolidada, que ganará en compacidad. El objetivo —si se gestionan adecuadamente— es proporcionar suelo edificable a promotores públicos o privados para atender la demanda de vivienda social, libre o protegida, tanto en venta como en alquiler.