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Ana Bernal-Triviño

Víctimas que huyen, agresores que permanecen

La familia de la menor de 11 años violada en el centro comercial Màgic Badalona deja el barrio tras las amenazas de muerte recibidas por los detenidos. Ellos duermen tranquilos mientras esa familia vive aterrada. Esto demuestra que la violencia machista no es solo un hecho, sino lo que sucede también después y cómo afecta al entorno. Sirva esto para quienes decían que la menor se podía haber defendido, sin considerar que muchas se someten a la agresión por las amenazas y para sobrevivir. Si han dicho de apuñalar a su hermano, imaginen qué le dirían a ella mientras era violada. La amenaza es el recurso para asegurarse el silencio.

La información fue lo más comentado en redes sociales por el origen de los detenidos y las críticas al Ministerio de Igualdad. Lo adecuado sería denunciar más allá de ese origen, pues quienes hemos acompañado a víctimas de violencia de género sabemos cuántos traslados se producen por amenazas de sus agresores, de toda clase (alta o baja), origen, parejas o jefes acosadores. El Estado de derecho impide privar a nadie de libertad sin juicio, pero mientras este se produce, la víctima vive una incertidumbre donde el sistema no siempre llega. Ante las amenazas, son ellas las desplazadas de su entorno, a veces solas y a veces hasta cambiando su identidad, para vivir. ¿Y por qué ellos si cometen amenazas, no son desplazados y siguen con su vida como si nada? Se supone que todos los españoles son iguales ante la ley. Ni la calificación de los delitos ni las penas cambian por el origen social, sino por la gravedad de los hechos. Y en los delitos de libertad sexual, en todos los análisis se concluye que no se delinque por el origen, sino por un patrón común: ser hombres machistas.

Lo que sí es grave es que los detenidos tuvieran antecedentes. Entre ellos, agresión sexual. El Ayuntamiento reconoció que provenían de familias desestructuradas. ¿Qué pasó con ello tras cometer esos antecedentes? ¿Qué asistencia recibieron? ¿Qué actividades o terapias realizaron? ¿Estuvieron internados? ¿Volvieron a sus hogares conscientes de no estar recuperados? De funcionar el sistema, esa violación y otras se podían haber evitado. Lo segundo más grave es que con amenazas de muerte, salvo una orden de alejamiento, no se pueda hacer nada más. Quien quiere agredir o matar no le importa incumplir una medida. Hay quien señala solo al Ministerio de Igualdad, pero deben saber que si bien el Ministerio tiene la capacidad de hacer leyes, su implantación la asumen otras instituciones, desde comunidades autónomas a ayuntamientos, policía o justicia.

Recuerden que no fue la única violación en ese lugar. Varias madres denunciaron el abandono institucional y policial ante sus casos. Siempre acabamos en la falta de medios, en poco personal o en la falta de formación. Eso debería de ser lo más comentado en este caso. Qué ocurre en ese espacio que hay hasta la llegada de un juicio. Y reflexionar sobre lo determinante: que si cualquier eslabón del sistema falla, se debilita a las víctimas y se refuerza a los agresores.

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