Después de tres años con ellas en suspenso, el Gobierno se va a ver las caras esta misma semana con las nuevas reglas de estabilidad presupuestaria que está diseñando la Unión Europea. No están aprobadas aún, pero la Comisión Europea ha pedido a los Gobiernos que empiecen a diseñar los Presupuestos de 2024 como si ya estuvieran en marcha, y antes del próximo 30 de abril hay que dar ya el primer paso para ello: toca presentar en Bruselas la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) para el periodo de 2023 a 2026.
La reforma de las reglas fiscales en la que trabaja la Comisión Europea, a partir de las líneas maestras aprobadas por el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) el pasado 8 de marzo, llama a los países con un elevado nivel de deuda, como España, a aprobar un plan de ajuste de su gasto público primario (sin contar intereses de la deuda pública) a cuatro años, que garanticen que el déficit público se sitúa por debajo del 3% del PIB y que se mantiene una reducción «plausible y continua» de la deuda pública en los 10 años siguientes. La Autoridad Fiscal (Airef) ha realizado cálculos y estima que, para cumplir este propósito, España tendría que hacer un ajuste del 0,43% del PIB en cada uno de los cuatro próximos ejercicios, a razón de unos 5.700 millones por año.
Se espera que las nuevas reglas fiscales queden definitivamente aprobadas en el segundo semestre de este año, bajo presidencia española de la Unión Europea, para su entrada en vigor de cara a los Presupuestos de 2025. Pero la Comisión Europea ha dispuesto que 2024 sea un año puente, de ensayo. Y en sus orientaciones presupuestarias para el año próximo es clara: «Se invita a los Estados miembros a fijar objetivos fiscales en sus programas de estabilidad y convergencia que cumplan los criterios de ajuste fiscal establecidos en las orientaciones de reforma de la Comisión». Y este es el ajuste que habrá que chequear en el documento que España, como el resto de Estados miembros, debe remitir a Bruselas antes del 30 de abril.
