Sin demasiadas explicaciones, más allá de la falta de consenso con los sectores implicados, principalmente patronales y ayuntamientos, el Govern ha renunciado a aprobar su decreto de medidas contra el cambio climático. El objetivo de legislatura fracasa por ahora en su calendario de aplicación, aunque ha sido aparcado no tanto porque exista una oposición social a las metas generales que se persiguen, que acabarán imponiéndose de un modo u otro, sino porque la realidad en Balears y en el resto de España evoluciona de una forma mucho más lenta a las optimistas previsiones políticas.
Simplemente todavía no es posible construir edificios de viviendas energéticamente autosuficientes con placas solares, aunque su uso ya suponga un ahorro muy significativo y su instalación sea promovida con ayudas públicas. Como tampoco lo es todavía en muchas viviendas unifamiliares, a no ser que el consumo eléctrico sea realmente bajo y se limite a las horas de sol.
La electrificación de la industria náutica, de recreo y comercial, es todavía testimonial y limitada a embarcaciones de muy pequeño tamaño. Aunque Balearia vaya a estrenar este verano el primer ferry cien por cien eléctrico en la ruta Eivissa-Formentera, lo que supondrá un primer paso. Y la popularización del coche eléctrico va mucho más lenta de lo esperado, con los primeros pasos atrás en las matriculaciones en 2022. Principalmente por la falta de infraestructuras de recarga, los todavía elevadísimos precios de los automóviles, la volatilidad del mercado de la electricidad, la escasa autonomía de los vehículos para un uso intensivo y sus carísimas reparaciones. Quizá para no ir de fracaso en fracaso convendría marcar unos plazos políticos más realistas.
