Es probable que hoy, jueves, tenga lugar un consejo de ministros para aprobar por decreto-ley la reforma completa del sistema de pensiones que se enviará a Bruselas, después del visto bueno de la Comisión Europea a las principales propuestas que contiene, que asimismo han sido negociadas positivamente entre el PSOE y UP y entre el gobierno y las principales minorías de la investidura, incluidas Bildu y ERC. La convalidación del proyecto en el plazo de 30 días por el Congreso hará posible el cuarto desembolso de los fondos Next Generation, con lo que España dará prácticamente por cumplida la condicionalidad impuesta por la UE para el reparto de unos recursos orientados a remontar el vuelo tras la dura crisis sanitaria de la covid.
La reforma era precisa para financiar la sostenibilidad del modelo. Y el principal obstáculo que ha encontrado el ministro del ramo, Escrivá, en sus negociaciones ha sido el requisito de la Comisión de elevar el plazo de cómputo de la pensión de 25 a 30 años, que no era aceptado por UP, que argumentaba que es este un asunto sensible que interfiere con sus competencias sociales en el gobierno. Finalmente, Bruselas ha aceptado una doble fórmula intermedia: el plazo será de 25 años o de 28, con el descuento de los 24 meses más desfavorables. La benevolencia de Bruselas ha sido mal encajada por el ala dura del PP, cuya fundación FAES, presidida por Aznar, ha considerado la propuesta del Ejecutivo de «despropósito» por «imponer nuevos impuestos al empleo» y «penalizar los salarios más altos»; además, también ha criticado el papel de la Comisión Europea en esta y otras reformas impulsadas desde el Gobierno español, cuestionando las «prisas impuestas» por un ente «pseudodemocrático» al que exige que clarifique los «objetivos perseguidos» para exigir una reforma de este calado. Inefable reacción de los «moderados».
La rabieta de FAES acompaña a los empresarios, que no ven con buenos ojos la reforma, que comprensiblemente les resultará onerosa. El Pacto de Toledo aceptó en su día el criterio del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, que equivale a la indexación de las pensiones con el IPC, lo que a su vez obliga a actualizar de la misma manera las cotizaciones sociales si se pretende alcanzar la sostenibilidad que, como es lógico, nos exige la Comisión.
El camino seguido por el ministro de Inserción, Seguridad Social y Migraciones ha sido el de destopar progresivamente las bases de cotización y crear además una tasa de solidaridad que servirá para nutrir el Fondo de Reserva, que Rajoy liquidó durante su mandato. Con anterioridad, la mayoría de prestaciones no contributivas se han cargado a los PGE. Y el nuevo proyecto incluye una subida gradual de las pensiones mínimas, todavía muy bajas, por un obvio principio de equidad.
Es evidente que los empresarios tendrán que sobrellevar una carga más pesada, y por ello se comprende su contrariedad. Pero lo razonable del PP, que les apoya, sería que ofreciera su propia opción al respecto: ¿qué planes tiene Núñez Feijóo al respecto si llega a La Moncloa? Su antecesor directo, Mariano Rajoy, nos legó una reforma de las pensiones en que las prestaciones subían anualmente «como mínimo» un 0,25%, y solo sobrepasaban esta cantidad si el sistema registraba superávit, algo por definición improbable porque ningún político usa arbitrariamente la austeridad en perjuicio de sus intereses.
No se ha escuchado con claridad lo que los empresarios quieren decir (hemos oído solo balbuceos en esta dirección, pero convendría hablar claro de una vez): a su juicio, es disparatado haber subido las pensiones un 8% y haber cambiado el sistema de forma que esta generosidad sea sostenible. La derecha prefiere la pusilanimidad de Rajoy a la inflexible actitud de quienes piensan (pensamos) que sería deshonesto consentir que los jubilados empeoren año tras año su calidad de vida.
Es triste que PP y PSOE hayan sido incapaces de entenderse también en esto, frustrando las buenas intenciones fundacionales del Pacto de Toledo, pero también es absurdo que, en pleno bloqueo del poder judicial por parte del PP en lo que es un atentado permanente a la lealtad constitucional, se pretendiera negociar pacíficamente entre antagonistas como si nada ocurriera.
