El rechazo en el Congreso de la iniciativa del Parlament balear para que la Comunidad Autónoma pueda limitar los precios de los alquileres, de entrada, devalúa el autogobierno. Los socios critican a Armengol por su «incapacidad» para convencer a los suyos en Madrid de la bondad y urgencia de una propuesta mayoritaria de la Cámara balear que ella misma desea implantar, mientras a la derecha, Prohens secunda el veto de Madrid, al tiempo que comparte las descalificaciones de podemistas y ecosoberanistas a la líder socialista. La medida de fondo no es novedosa, de hecho, se está aplicando el límite de la subida del 2% en el precio de los alquileres en el marco del plan de choque contra los efectos de la Guerra de Ucrania que estableció el Gobierno Sánchez y que concluye a final de año. Desde Balears, que fue pionera con su propia legislación en la declaración de grandes tenedores y la expropiación de uso de las viviendas vacías para alquiler social -con el pobre resultado de 16 inmuebles intervenidos-, se pretendía dar un paso más y que la Comunidad Autónoma pudiera fijar esos límites, vía modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a fin de reconducir una situación desbocada. Tras el bofetón de Sánchez, Armengol trata de calmar los ánimos internos fiándolo todo a la futura Ley de Vivienda que aprobó el Consejo de Ministros hace un año y se iba a tramitar en el Congreso por urgencia, pero que sigue encallada por falta de acuerdo. Entre el está «prácticamente hecho», pendiente de «algunos elementos», que asegura María Jesús Montero y el «no estamos más cerca que ayer» que desliza Ione Belarra, puede pasar cualquier cosa. Parte de la disputa radica en que los socialistas plantean limitar la subida del alquiler para el año que viene al 3% y crear un índice para marcar topes futuros en función de las coyunturas. Podemos lo ve insuficiente. Siguen las negociaciones.
Aún alcanzado el acuerdo político, que nadie descarte turbulencias judiciales. ¿Puede el Estado legislar sobre vivienda cuando la Constitución otorga la competencia exclusiva a las Comunidades Autónomas? El Consejo General del Poder Judicial, previo a la renovación, advirtió por mayoría en un informe preceptivo, pero no vinculante, que el Estado podría incurrir en inconstitucionalidad por invasión de competencias de las Comunidades Autónomas. Abrió una senda que Armengol no se atrevió o no pudo transitar y que las comunidades populares podrían explorar para eludir la norma, si se acaba aprobando. De momento, ni las recetas más liberales ni las regulatorias han dado con la fórmula que garantice el derecho a la vivienda que consagra la Constitución. El fenómeno es global y especialmente acuciante en Balears, que cierra febrero con los precios de vivienda más elevados de su historia. El alquiler medio alcanza los 15 euros el metro cuadrado al mes y el de venta los 3.446, según datos aportados esta misma semana por Fotocasa, que calificó la situación de «insostenible». Urge actuar.
