En la actual sociedad española y mallorquina, es posible que a la pregunta sobre qué modelo de gestión prefiere, si pública o privada, una parte sería capaz de contestar a favor de una de ellas, sin más información, por la polarización existente en la cuestión.
El problema, como indican nuestros mejores pensadores, es debido a que no dialogamos sobre argumentos de unos y de otros, sino sobre el enunciado y lo rechazamos o aceptamos de plano sin más.
Vamos a entrar en el tema en el que, en mi opinión, hay más acuerdo en la sociedad, que es sobre la existencia de una sanidad pública y universal y que puede convivir con una gestión privada de algunos de sus servicios, y de una sanidad privada, para quien quiera y pueda pagarla. Y el principal argumento para escoger cómo distribuir esta gestión debería ser la eficiencia, calidad y satisfacción del paciente.
En Europa hay dos modelos sanitarios:
a) El Bismark, en el que el Estado, más que un gestor, es un regulador de servicios y en todos ellos hay copagos del paciente. Este modelo está, entre otros, en Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Francia, Suiza, etc. Aquí encontramos un modelo con más libertad para escoger médico, hospital, etc. Y, en general, tiene menos listas de espera.
b) El modelo Beveridge nace del modelo de Reino Unido y lo siguen España, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Italia, Portugal, etc. En este caso, no hay casi copagos más que para medicamentos y algunos servicios no estrictamente médicos.
En ningún país de Europa se duda de que la sanidad es pública, a pesar de que en mayor o menor medida se gestione a través de la empresa privada. Y digo esto por la imposibilidad de tener un debate de eficiencia o satisfacción, con argumentos, ya que en España se dice que la sanidad no se toca y que gestionar indirectamente algún servicio es ir en contra de la sanidad, por lo que, según estas personas, en Alemania o Países Bajos deberían tener una "pésima sanidad". En mi opinión, no es así, y una de las razones principales es porque el sistema de pago es por prestación de servicios y no por salarios fijos, con lo que se estimula la calidad y servicio a los pacientes, y los médicos en su conjunto están mejor retribuidos.
En el último estudio sobre valoración de la sanidad por la población según el Ministerio (son datos del 2013), las más altas valoraciones son para Irlanda (Bismark) y Suecia (Beveridge) y entre las menos valoradas también hay de los dos sistemas. Por lo que no es un tema de sistema, sino de la eficiencia en la sanidad pública, sin el sesgo de ideología de gestión totalmente pública, o compartida bajo la directriz pública.
Según la opinión publicada, hay problemas en la sanidad por lo que hay que buscar soluciones eficientes para los pacientes, y sin cambiar de modelo, debatir sobre la posibilidad de alguna mejora. Por ejemplo, si un cuello de botella está en la atención primaria, se puede empezar a analizar si pagarla por prestación de servicios; e, incluso, si hay saturación y no se cumple la rapidez de atención necesaria, poder acudir a médicos privados para que cobrando lo mismo por prestación de servicio, atiendan rápidamente.
Considero imprescindible ampliar la odontología en la sanidad como prestación pública, y comenzando por las rentas más bajas hasta hacerla universal. Evidentemente, no tenemos los dentistas suficientes en el sistema público, por lo que si añadimos en el catálogo algunas prestaciones, sería necesario, al principio, acudir a conciertos con pagos por prestación de servicios, dentro de clínicas dentales privadas. ¿O alguien puede creer que es mejor lo de ahora en que un simple empaste no está cubierto, cuando de las enfermedades dentales se derivan otras muchas enfermedades, especialmente cardiovasculares?
Otro dato para los que están en contra de lo privado: los únicos privilegiados en España que pueden escoger entre gestión pública y privada son los funcionarios, y hay tres grupos y esto es lo que escogen según fuentes de Estadística de gasto sanitario público (publicado por Newtral) del año 2019:
Por último, según lo publicado por Newtral, basado en el informe sobre la situación de la sanidad privada de 2021 elaborado por el IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad), se estima que la prima media de Muface se situó en 2020 en 917 euros anuales por asegurado. Según indican, el gasto sanitario público per cápita fue de 1.368 euros sin incluir el gasto farmacéutico ni el destinado a mutualidades, lo que habría supuesto un ahorro estimado de 451 euros por mutualista a la Administración.
El 75% de empleados públicos que tienen libertad de elección, se inclina, por escoger aseguradoras privadas. Es un dato para la reflexión.
