El órgano ejecutivo de la Unión Europea es la Comisión, aunque el Parlamento europeo ejerce funciones cada vez más relevantes a medida que se acentúa la federalización del club comunitario. Por ello, la valoración que cuenta a la hora de controlar y evaluar el uso que está haciendo España de los Fondos Next Generation es el que realiza el llamado gobierno europeo, presidido por Ursula von der Leyen, una moderada política democristiana de la CDU, miembro por tanto del Partido Popular Europeo, que ha ganado prestigio con la gestión de la pandemia y con las iniciativas comunitarias relacionadas con la guerra de Ucrania. La pasada semana, von del Leyen liberó otros 6.000 millones de fondos europeos para España, que es el segundo país, detrás de Italia, en beneficiarse de estos recursos extraordinarios, y aprovechó la oportunidad para felicitar a nuestro gobierno por la magnífica gestión de estos recursos y para señalarnos a los demás socios como modelo digno de emulación.
La evidencia del buen funcionamiento del mecanismo español de ayuda social vinculado a la gran pandemia ha sido tan clamorosa que la derecha dura europea, en connivencia con sus amigos españoles, ha decidido orquestar una operación de descrédito de la gestión española, ya cerca de las elecciones de mayo, para impedir que el gobierno actual saque rédito de este buen hacer reconocido por Bruselas. Y la persona idónea para encabezar esta misión ha sido la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario, Monika Hohlmeier, representante del ala más excéntrica de la derecha democrática alemana y rival inflamado de Von der Leyen en la UE. Hohlmeier ha aceptado el encargo de venir a España al frente de un extraño comité formado mayoritariamente por parlamentarios españoles entre los que destaca el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, quien se ha ocupado de criticar convenientemente las políticas españolas. El patriotismo, tan cacareado por la extrema derecha de nuestro país (lucido con bandera e himno las más de las veces) no tiene sin embargo empacho en realizar operaciones desleales con las instituciones del país que, de salir airosas, podrían perjudicarnos a todos.
Pero no ha salido bien la operación porque ni Hohlmeier ni Buxadó tienen autoridad moral suficiente para llevar la duda a los controladores externos y socavar el prestigio de las instituciones españolas. Hohlmeier es hija de Franz Josef Strauss, combatiente en Rusia en el ejército de Hitler y cofundador del CSU de Baviera, del que perteneció al ala más radical… Muchos años ministro de Asuntos Exteriores de Kohl (canciller y líder del CDU), rivalizó con este en la coalición de gobierno conservador de Alemania. Pero Hohlmeier tiene un currículum sospechoso: ha estado envuelta en el escándalo provocado por una de sus amigas de pupitre, Andrea Tandler, quien consiguió ganar 48 millones de euros traficando con mascarillas al estallar la covid (¿les suena de algo el asunto? Además, actuó en contra de medias parlamentarias encaminadas a infundir transparencia al sistema retributivo de los propios europarlamentarios, que perciben cantidades astronómicas y opacas; como presidenta de la CSU fue acusada de coacciones y chantaje a personas de su grupo; y recientemente fue privada de inmunidad parlamentaria para ser investigada por un atropello del que huyó sin prestar ayuda a la víctima. Hohlmeier es además brazo derecho de Manfred Weber, actual presidente del PPE, rival acérrimo de von der Leyen y eterno aspirante a sustituirla.
La activista Hohlmeier, que ha disimulado poco su papel partidista en su misión española, se ha encontrado además entre los españoles vinculados a este control, a la horma de su zapato: el eurodiputado Buxadé, de Vox, abogado del Estado, antiguo militante de partidos falangistas (por dos veces acudió a elecciones bajo esas siglas) y reconocido miembro del Opus Dei.
Xavier Vidal Folch ha repasado en un artículo estas biografías para concluir en que esta especie de misión redentora que la derecha ultra europea ha mandado a España para salvarla de la inepcia progresista carece de autoridad moral para insinuar siquiera acusaciones y críticas contra la vicepresidenta Calviño, evidente destinataria de las recriminaciones sin fundamento. La utilización de los Europarlamentos como arma arrojadiza entre facciones es un ardid que la madura sociedad europea detectará enseguida.
