Las ideas y vueltas con el sector a lo largo de la semana nutren las reflexiones que vuelco en forma de tribunas semanales. La semana pasada me sorprendió la intervención de una persona tras una charla de la PAC. Me cuestionó que las ayudas no fueran a fondo perdido por el hecho de que hubiera que tributar por ellas en el IRPF. Las ayudas son consideradas como un apoyo a la renta agraria y si los ingresos totales superan el tramo mínimo del IRPF se les aplica el tipo que le corresponda. Los agricultores y ganaderos pueden optar por el modelo de estimación objetiva, lo que se conoce por módulos, o por estimación directa. El 80% de los agricultores de España eligen el sistema de módulos porque es más sencillo, les permite saber de antemano lo que van a pagar, y está pensado para las pequeños y medianos agricultores. Pero no se fíen. En cuestión de impuestos merece la pena asesorarse antes de decidir. El marco de la charla no me permitió explicarle a este buen hombre todo esto. Tampoco pude decirle que somos conscientes de los avatares por los que pasa el sector a lo largo del año. Por ello, cuando se acerca la campaña de la renta, la Conselleria de Agricultura de Islas Baleares, igual que el resto de las Comunidades Autónomas, remitimos a los Ministerios de Agricultura nuestro informe solicitando la reducción de los módulos en la tributación del IRPF por los motivos excepcionales que consideremos.

El asunto es que el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no está concebido para reflejar con precisión la estructura de ingresos y costes de cada explotación, y mucho menos los de cada zona o producción específica. Tampoco está pensado para recoger los efectos de las circunstancias excepcionales que puedan acontecer en cada campaña como las heladas, sequías, inundaciones o una plaga excepcional. Para mitigar los efectos de esta limitación, el artículo 37.4 del Real Decreto 439/2007 del Reglamento del IRPF, establece la posibilidad de reducir los módulos por motivos excepcionales con el objeto de evitar la sobreestimación de los rendimientos. Cada año, el MAPA nos pide a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural un informe sobre las situaciones excepcionales que han afectado a las Islas Baleares. Con estos informes, el Ministerio de Hacienda publica una Orden antes de comenzar la declaración de la renta, donde se aprueba la rebaja en los módulos de IRPF para la agricultura y ganadería, por municipios y por tipos de cultivo.

Así, por ejemplo, en la renta del año 2021, la Orden del Ministerio reflejó los efectos de la borrasca Filomena, de las heladas del mes de marzo, la sequía que azotó también a Baleares, y finalmente, el incremento de los costes de producción que empezaba a despuntar. La media de la reducción generalizada en todos los sectores fue de un 30% con respecto a 2020. Además, en el caso de Islas Baleares, se estableció una reducción adicional para los cultivos de forrajes, cereales, leguminosas en todos los municipios debido a la sequía, un índice de rendimiento neto en uva de vinificación que estuvo entre el 0,11 de Binissalem y el 0,16 de Algaida, seis puntos más bajos que la media nacional, o un índice en frutas de hueso en Manacor del 0,07. En total, la reducción de los módulos fue equivalente a si se hubieran repartido otros 4 millones de euros en ayudas extraordinarias.

En el informe de este año, hemos reflejado y cuantificado el impacto económico de la sequía del primer trimestre de 2022 con una afectación especial sobre los cereales y leguminosas en la parte oriental de la isla de Mallorca y a forrajeras y pastos de secano en Menorca. Las sucesivas olas de calor entre el 29 de mayo y el 29 de agosto que afectaron especialmente a los sectores de la hortofrutícola, el viñedo y el olivar. La granizada en Menorca del 18 de agosto y el temporal de lluvia, viento y granizo en Menorca del 25 de septiembre. También por primera vez los daños que causan los mamíferos y aves sobre los viñedos. Estamos solicitando reducciones de rendimiento que van desde el 26% hasta el 60% para determinados cultivos y municipios. En definitiva, no somos ajenos a la presión fiscal cuando la agricultura y la ganadería sufre.