La aprobación de la reforma del aborto y de la ley trans en el Congreso, a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales, da respuesta a reclamaciones sociales pendientes y a la vez controvertidas por su gran calado en la sensibilidad ciudadana. Trece años después de la aprobación de la ley de plazos de Zapatero, recientemente avalada por el Tribunal Constitucional, el nuevo texto elimina la exigencia del permiso de los progenitores para las jóvenes de 16 y 17 años, así como el calvario de los tres días de reflexión preceptivos para la mujer que lo solicita introducido por el Gobierno de Rajoy, tan incómodo como Feijóo a la hora de abordar un derecho ampliamente aceptado en la sociedad, pero que chirría en el extremo más conservador de su electorado, al que apela Vox. Con la reforma, se quiere asegurar la prestación en centros públicos, un objetivo para el que Baleares, con el 62% de las intervenciones realizadas en hospitales del IB-Salut, parte como la comunidad mejor posicionada de España, donde cinco de cada seis interrupciones se realizan en clínicas privadas. El texto también introduce novedades como el derecho a la baja, bajo supervisión médica, en casos de menstruaciones dolorosas e incapacitantes, y contempla los vientres de alquiler como violencia contra la mujer, aunque no se perseguirá a las parejas que recurran a esta posibilidad fuera de España.
La ley trans incluye un importante paquete de medidas en el ámbito administrativo, laboral, educativo y de la salud para los colectivos LGTBI, muchos de los cuales deben ser desplegados por las comunidades autónomas. El texto abunda en una senda legislativa que empezó a recorrer Baleares en 2016, centrada en los derechos y la lucha contra la fobia hacia estas personas, y que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos. Vox, que sigue hablando de «trastorno patológico», todavía no tenía escaños. El foco de atención ahora se ha centrado en las fricciones surgidas al reconocerse, por primera vez, la autodeterminación de género registral que permite cambiar el nombre y sexo en el DNI a cualquier persona mayor de 16 años que lo pida, sin necesidad de tratamiento previo, ni de informes médicos ni de permiso de los progenitores o representantes legales. Este último requisito se exige en el tramo de 14 a 16 y la autorización judicial, entre los 12 y los 14. Pese a las turbulencias de la tramitación entre los socios del Gobierno de coalición, el texto ha salido adelante con un amplio respaldo político, que no obstante ha evidenciado discrepancias internas en el PSOE -la senadora mallorquina Susana Moll y la diputada Carmen Calvo han sido sancionadas con 600 euros por saltarse la disciplina de partido-; ha ahondado en la fractura del feminismo a las puertas del 8-M por la disputa en torno al sexo biológico y la identidad de género; y ha puesto de manifiesto la fragilidad del alcance de la conquista para estos colectivos en el caso de giro político. Derechos convertidos en munición electoral.
