Debate sobre la cuestión sanitaria

Hay numerosos indicadores, comunitarios, estatales y autonómicos, que nos permiten valorar la situación de la sanidad española, y de hecho la prensa ha estado llena estas últimas semanas de guarismos que indican el estado de la cuestión mediante estadísticas que ponderan los recursos materiales y humanos utilizados, en términos absolutos y por habitante; las dotaciones presupuestarias y su correlación en los demás países de la Unión Europea; las listas de espera y los plazos de demora en la prestación de las diferentes atenciones médicas, etc. etc. Pero sobre todo este conjunto de datos que el lector podrá encontrar con facilidad, se ha extendido la impresión de que la sanidad en su conjunto, que había sido considerada de gran calidad por la opinión pública española hasta bien entrado el siglo XXI, comenzó un inesperado declive ya en el periodo anterior a la llegada de la gran pandemia, y ha salido de la prueba de la covid muy degradada, insuficientemente dotada para una atención cabal.

La sensación colectiva es, pues, de decepción y de airado disgusto con la sanidad actual, que, junto con la educación, es uno de los dos servicios públicos esenciales que configuran el estado de bienestar. La sensación de que el Estado, lo colectivo, nos protegía amorosamente cuando llegaba la hora infausta de la enfermedad y del dolor ha desaparecido y en su lugar surge una inseguridad que se vuelve inquietante cuando se comprueba en carne propia que la atención ha decaído y que nos hemos quedado a la intemperie. Es muy significativo que el 24,4% de los ciudadanos (el 38,1% en el caso de la Comunidad de Madrid) haya suscrito ya un aseguramiento privado, no solo porque esa cifra demuestra una significativa desconfianza ciudadana en la sanidad pública sino también, y sobre todo, porque se constata que ya hemos estratificado la sociedad en dos niveles desiguales, el de los que disfrutan de seguridad sanitaria y el de los que no.

Esta tendencia se ha acentuado en los últimos tiempos. En Madrid, en los últimos tres años se han contratado más pólizas que en los siete años anteriores. En el conjunto de España, el ritmo es desigual. Y parecen existir pautas ideológicas en ello: en Madrid gobierna el Partido Popular desde hace muchos años y sus inclinaciones liberales le impulsan a privatizar la sanidad y/o a recurrir a la colaboración público privada. La izquierda socialdemócrata, en cambio, considera que una sanidad universal gratuita y de calidad es incompatible con la conversión de la asistencia sanitaria en negocio porque la salud no puede depender de criterios de rentabilidad o de productividad. Y estas alineaciones no son un fenómeno exclusivamente español: el partido demócrata norteamericano aspira a una sanidad a la europea, pero Obama pudo hacer bastante poco en esta dirección por la oposición tajante y dura del Partido Republicano, respaldado por grandes corporaciones privadas y que considera la sanidad gratuita una forma de beneficencia.

En nuestro país conviene simplificar el debate. Hay dos criterios que parecen gozar de considerable consenso social: uno primero, que la sanidad pública puede y debe coexistir pacíficamente con la sanidad privada, que ha de mantener una relación constructiva con la pública, sobre todo durante las crisis; uno segundo, que debe pervivir una sanidad pública de calidad, capaz de atender a toda la población, de resolver las crisis oportunistas que puedan aparecer y de prestar un apoyo sanitario permanente en todos los niveles de asistencia. La derecha, legítimamente, piensa que la colaboración público privada es un camino aceptable para cumplir este objetivo; la izquierda, prefiere potenciar una administración sanitaria pública. En todo caso, conviene subrayar con satisfacción que nadie quiere prescindir del sistema público.

Cada cual es muy libre de inclinarse por una u otra opción, pero es deseable que sepa lo que vota y cuáles serán las consecuencias de su decisión.