La entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ‘ley del solo sí es sí’, ha posibilitado la rebaja de condenas de cuatro de cada diez violadores en Baleares -39 de los 94 casos ya examinados de los dos centenares presentados- y ha adelantado la excarcelación de tres de ellos. El balance, similar en cifras de beneficiados a la media española, resulta demoledor y sobrecarga el dolor de las víctimas, además de frustrar la expectativa creada en la ciudadanía ante un tema tan sensible. Tras episodios tan execrables como el de La Manada, que despertó una oleada de indignación, se impulsó una reforma que diera respuesta al clamor social. Para procurar mayor protección, en especial a la mujer y a los menores, se impuso el consentimiento como el eje de las relaciones sexuales y se introdujeron agravantes como la sumisión química. La reforma eliminó los abusos y todo pasó a ser considerado agresión sexual, con una escala de grises, que llevó a reducir algunos mínimos y máximos de penas. Aquí es donde ha surgido el principal problema. En los casos revisados por la aplicación del principio de retroactividad favorable al reo, algunos jueces optan por mantener las condenas argumentando que la pena está dentro de la horquilla contemplada en el nuevo texto, mientras que otros las rebajan aplicando la proporcionalidad, de forma que, si un agresor tuvo la pena de la franja mínima, ahora ve más recortada su condena. Esta disparidad se vive en Mallorca, con una Fiscalía que defiende, salvo contadas excepciones, que se mantengan penas, y una Audiencia Provincial dividida, donde la Sala Primera resulta más dura que la Segunda para el condenado. El Supremo tampoco ha unificado criterio, y aboga por el estudio «caso a caso». Si la norma es susceptible de interpretaciones tan dispares evidencia que, además de déficits de sensibilidad que pueden darse en algunos elementos del estamento judicial, el texto no cumple la intención del legislador y adolece de defectos técnicos de inaplazable corrección para atajar el sangrante coladero.
Tras meses de empecinarse en acusar a los jueces de ser los únicos culpables de los efectos indeseables y de negarse a cambiar «ni una coma» del texto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en que la ley «está bien hecha», pero se muestra dispuesta «a ceder» y a introducir cambios, eso sí, sin apearse del Gobierno ni disculparse ante las víctimas. Una rectificación vestida de soberbia, que erosiona al conjunto del Gobierno y lastra otros logros de Podemos ante su electorado, como la elevación del salario mínimo impulsada desde la cartera de Yolanda Díaz. Montero es la máxima responsable, aunque la falta de rigor es imputable a todo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, donde tienen asiento tres magistrados de primer orden: Pilar Llop, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Pese a las advertencias, nadie calibró el alcance de las nefastas consecuencias, ni en el Gobierno ni en el Congreso que lo aprobó. La proposición de ley anunciada para reajustar la norma no puede fallar en la corrección de los efectos indeseados ni malograr los avances positivos, como que el delito de agresión sexual se asiente en la ausencia de consentimiento, tal y como se estableció en el Convenio de Estambul.
