Llevamos semanas de «run- run» de cómo la bajada del IVA a los alimentos afectará a las cuentas de los payeses. Algún periodista ya me lo ha preguntado. La verdad es que casi todas las medidas tienen su cara y su cruz. Por ello y para tratar de actuar de la manera más acertada posible, conviene siempre abrir el debate en la fase de diseño y calibrar bien los efectos sobre todas las partes implicadas. Así que, desde la entrada en vigor de la rebaja del IVA de los alimentos, este es uno de los comentarios entre las bambalinas agrarias. Las organizaciones agrarias ya lo han ido señalado. Yo mismo me referí a ello en una anterior tribuna en la que valoraba el Decreto anticrisis.

No podemos perder de vista que el objetivo esencial de la medida es frenar la inflación sobre los alimentos. Así lo ha señalado la Alianza de organizaciones UPA -COAG diciendo que «no cuestionan el establecimiento de este tipo de medidas en beneficio del consumidor».

El problema es el siguiente. El sector agrario y ganadero compra sus insumos y paga sus servicios con un IVA del 21% y en algunos casos del 10%. Mientras que por la venta de sus productos repercute un IVA del 4% o del 10%. Por lo tanto, en las declaraciones trimestrales del IVA generalmente les sale a devolver. Por ello, la bajada del IVA a los alimentos al 0% provoca de manera indirecta una pérdida añadida de liquidez en las cuentas de los payeses. Pagan el IVA por los insumos y servicios, pero no pueden repercutir ningún IVA a sus clientes y tendrán que esperar hasta el primer o segundo trimestre del 2024 para poder recuperar este dinero, pero con un 4% menos en los ingresos cotidianos. Las organizaciones agrarias son conscientes de que el IVA que los agricultores repercuten en sus ventas, no puede considerarse un ingreso, al igual que el IVA soportado no supone un gasto. El IVA en sí no tiene efecto en la cuenta de resultados de la explotación agraria. Pero la aplicación de la medida tal y como se ha puesto en marcha, sí afecta a la liquidez de las explotaciones agrarias, porque las diferencias entre el IVA pagado y recibido se incrementan.

A partir de aquí, existen dos alternativas para corregir la situación. En los dos casos exige que el Ministerio de Hacienda mueva ficha. Si entendemos que la inflación de los alimentos tiene su origen en el incremento de los costes de producción, al Ministerio de Economía no le conviene aumentar más presión sobre la renta agraria, si queremos que todo se estabilice cuanto antes.

La primera alternativa se refiere a los agricultores que tributan en régimen de estimación directa o por módulos. El régimen del IVA contempla el «mecanismo de compensación» para el sector agrario y ganadero. Esta compensación es la cantidad resultante de aplicar el 12% al precio de venta de los productos vendidos en explotaciones agrícolas y del 10,5% en la venta de los productos obtenidos en explotaciones ganaderas o pesqueras. Lo que sucede es que estos porcentajes estaban establecidos sobre la base de que los productores aplicaban en sus ventas el IVA correspondiente. Si ahora no lo pueden hacer, lo normal es que estos porcentajes de compensación subieran temporalmente en el entorno del 15%.

La segunda alternativa la están pidiendo las organizaciones agrarias y se aplicaría a los agricultores y ganaderos que tributan por estimación objetiva. Se trata de que con el mismo carácter extraordinario y temporal de la rebaja del IVA, se posibilite que el sector agrario pueda solicitar la compensación y la devolución del IVA de forma trimestral. De esta manera la medida sería bastante menos gravosa para el sector. Actualmente ya existe un régimen voluntario de devolución mensual de IVA (REDEME) que podría corregir dicho efecto, pero les aseguro que lleva tantas cargas administrativas y burocráticas que no creo que haya un solo payés ni empresa agraria en las Islas Baleares que lo esté haciendo. En definitiva. Se trata de repartir cargas y esfuerzos entre todas las partes para salir adelante.