Iniciados los procesos electorales quien más quien menos pretende seducir a lo que de una manera imprecisa se ha denominado «clase media». Se trata de unos amplios colectivos, no necesariamente homogéneos, de contextos urbanos, de profesiones y ocupaciones múltiples y diversas, de difícil catalogación ideológica, enrollados de manera prioritaria en sus quehaceres y necesidades próximas. Hablamos de una mayoría social, con frecuencia silenciosa, pero que puede dar y quitar mayorías políticas, y que se convierte en objeto de oscuros deseos de las diversas organizaciones políticas que, ¡no faltaría más!, se autodefinen como de centro-derecha, de centro-izquierda o transversales, independientemente de cuál sea su real naturaleza. Pero ¿quiénes son la clase media?
La expansión de las capas intermedias de la sociedad se produjo en la Europa de la segunda mitad del siglo XX, al calor de la creación del Estado de Bienestar. Pero en los últimos años, la pérdida de calidad de vida y de poder adquisitivo de esa gran masa de ciudadanos ha desdibujado la pirámide social. La brecha entre los que ganan mucho dinero, un porcentaje muy pequeño, y las que antes eran clases acomodadas no deja de crecer, al tiempo que cada vez más personas se asoman a la pobreza. Pero la mayoría sigue creyendo pertenecer a la clase media. Mientras el ascensor social se detiene, el espejismo de servicios y mercancías de bajo coste colorean la inflación y las ilusiones.
La forma más sencilla de definir las clases medias es mediante la posición económica en torno a la renta neta media anual de un país; pero tiene una raíz más profunda y diversa. La clase media no es una realidad uniforme. Es preciso clasificarla en diversos segmentos: media/alta, media/media, media, media/baja. En Quaderns Gadeso (356) se definen cada uno de los segmentos. Aunque estas capas sociales suelan asociarse al sosiego, la imagen de tranquilidad puede tener una cara oculta repleta de ansiedad e incertezas. La crisis de las clases medias se vive a niveles profundamente personales. A menudo asociada a unos salarios insuficientes; a una profunda alienación en trabajos interminables (en los que incluso la personalidad es supervisada); y a altos niveles de endeudamiento personal y familiar.
En nuestra Comunidad, el boom turístico y de la actividad de construcción posibilitó un cambio radical en nuestras estructuras económicas, productivas y sociales. Surgen múltiples pymes, autónomos y emprendedores, con facilidades para acceder a créditos financieros; se crean nuevos empleos y nuevas oportunidades; los salarios de los trabajadores mejoran, y surgen personas con una renta suficiente como para poder cubrir algo más que las necesidades básicas, e incluso ahorrar y acceder a bienes de equipo y de consumo y al crédito hipotecario.
Pero tal realidad pujante entra en crisis al explotar en la Gran Depresión (2008) la burbuja inmobiliaria con un parón de ventas por saturación que coincide con un cierto ralentí en la actividad turística. Las pymes y los autónomos fueron los más afectados, lo que puso de manifiesto la fragilidad de nuestro modelo, lastrado por la estacionalidad, y a su vez con una pretendida competitividad basada en los precios en base a un control (a la baja) de los costes laborales. La consecuencia fue el aumento de la inestabilidad laboral y del paro, especialmente en el sector de la construcción y sus actividades anexas (electricistas, fontaneros y un largo etcétera). Lógicamente, aparecen las dificultades para hacer frente a préstamos, especialmente de índole hipotecaria, y se volatilizan las perspectivas y los proyectos personales y familiares. A su vez, la aplicación de reformas, léase recortes, afectan a servicios públicos básicos (educación y sanidad), mientras los servicios sociales se reducen al mínimo y se trasfieren a la buena voluntad de diversas ONG. El riesgo de exclusión social y económica se instala incluso entre las clases medias. Basta leer los informes de Cáritas donde se especifica la tipología de sus usuarios.
Empieza a ser necesario (¿urgente?) pensar en un futuro abierto, no limitándonos a intentar recuperar los años turísticos «exitosos» de la prepandemia (2018/19), creyendo que el coronavirus ha sido un mero accidente. No son pocos los expertos y grupos empresariales relevantes que ponen en duda que la salida a la crisis turística sea el regreso a los movimientos masivos de «turistas», donde el «precio» era (¿es?) decisivo en los meses clave de temporada alta (incluyendo una cierta ampliación). Ahora tenemos la oportunidad y la necesidad de reconvertir nuestro modelo productivo basado en una actividad casi exclusiva de servicios, concretada en un turismo estacional y masivo. Ha llegado el momento de diversificar nuestra economía y sistema productivo. Impulsar sectores como las energías renovables, la industria verde, el reciclaje o la gestión y cuidado de nuestros espacios protegidos, pueden servir para generar productos y empleos «diversos» también en el sector turístico
El Gobierno y el Govern se han movido con los empresarios, los Sindicatos y Asociaciones Cívicas. El marco de la nueva Ley del Turismo y de los Fondos Europeos, y los Presupuestos del Estado y Autonómicos, son instrumentos válidos para «construir» una economía sostenida y sostenible, así como una sociedad cohesionada (SIM, Salarios, Pensiones, Vivienda); y el acceso en igualdad de oportunidades los servicios públicos básicos (Educación, Sanidad).
Concluyo con una referencia a la oposición. Más allá de intentar «eliminar» a lo que ellos denominan «sanchismo», deberían ofrecer a los electores alternativas y/o mejoras a las iniciativas gubernamentales tanto a nivel Estatal como autonómico.
