La exención a médicos y enfermeras del conocimiento del catalán en Baleares ha abierto una crisis social y política, con recorrido judicial a la vista. En el ala socialista del Govern, con su doble alma de PSIB y PSOE, se ha impuesto la segunda, una posición lícita, pero también un cálculo político que puede tener consecuencias en un terreno que exige de audacia para garantizar la atención sanitaria, sin menoscabo de los derechos lingüísticos, y de un encaje normativo ajustado a Derecho. Los socialistas apelan a la dificultad real de encontrar personal sanitario en un momento en que todas las Comunidades Autónomas padecen déficits e incentivan la captación laboral de estos colectivos. De esta forma, justifican la excepcionalidad en las bases del proceso de estabilización de interinos que exonera de forma generalizada de una exigencia idiomática a los aspirantes a plaza fija en Medicina y Enfermería, que sí opera para otros trabajadores públicos a fin de cumplir con el mandato estatutario de garantizar la atención ciudadana en las dos lenguas oficiales, catalán y castellano. Los socios de Govern, además del Pi y organizaciones como la OCB y el Stei, que han anunciado recursos, así como el departamento de Filología de la UIB reclaman un trato igualitario para trabajadores e idiomas. Consideran razonable el plazo de dos años que se da, desde la toma de posesión de la plaza, para demostrar un conocimiento básico de la lengua propia, un requisito que la derecha promete eliminar si llega a gobernar. Tristemente, la lengua, patrimonio cultural de todos y vehículo de integración, resurge como conflicto.
Si el espectáculo político resulta decepcionante, con el uso de la lengua como arma arrojadiza en los preliminares electorales, no es menos preocupante la posición hostil de algunas organizaciones profesionales, mucho más efectivas en la consecución de sustanciosas mejoras salariales que en la sensibilización del colectivo sanitario hacia la lengua propia de Baleares que hablan muchos de los que contribuyen a su sostenimiento. Esta postura va en detrimento del desarrollo de la llamada medicina narrativa, que cobra cada vez más importancia en los sistemas sanitarios de países avanzados. Conscientes de que la medicina científica por muy competente que sea resulta insuficiente para ayudar al paciente a gestionar la pérdida de salud, estos modelos abogan por establecer una relación médico-paciente empática y compasiva, más centrada en la persona. Así lo han entendido los centenares de profesionales llegados a las islas desde otros territorios, que han seguido cursos de catalán para que la expresión del paciente, en un momento delicado de su vida, no se convierta en una barrera distante, impropia de una atención sanitaria competente y sensible. Apelar a la voluntariedad del aprendizaje, como ha hecho la presidenta Francina Armengol, supone avanzar por el camino equivocado, no solo por una cuestión de derechos lingüísticos, también de atención sanitaria de calidad.
