Hay mucho antisistema de salón suelto, abundante personal que, por interés propio o ajeno, o por mero postureo, se dedica a dinamitar las instituciones y a minar el estado de derecho. Hoy toca defender al vituperado magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del llamado «procés» y uno de los jueces españoles más injuriados.
Sería absurdo compartir todas las tesis de Llarena, máxime en una causa tan compleja, cambiante, potente e importante como la abierta para dar respuesta legal a unos hechos muy graves, pero cabe romper una pica en su favor.
Se trató, se trata, de una iniciativa semipopular (más de la mitad de Catalunya aborrece del cambio); prolongada en el tiempo e impulsada por algunos políticos sin escrúpulos y bastante iluminados.
Los promotores de la secesión postulan que no cometieron delito alguno. Ellos incumplieron el ordenamiento legal, pero mantienen su inocencia alegando obedecer un supuesto mandato popular que estaría por encima de la Constitución. En otros tiempos y circunstancias podrían haber tenido éxito: las antiguas colonias españolas en Suramérica se independizaron tras romper, mediante el uso de la violencia, con la Metrópoli.
Más estamos en el siglo XXI y España es una democracia constitucional integrada en la Unión Europea. Ni la Carta Magna, como ha recordado el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ni la superestructura comunitaria permiten veleidades secesionistas.
Afortunadamente en Catalunya no hubo revuelta armada, pero sí vulneraciones de la Ley. A Llarena le tocó investigar lo ocurrido, separar el trigo de la paja y depurar responsabilidades en una fase primaria. Un instructor no tiene la última palabra, ni mucho menos. A todos los jueces que tramitan una causa les enmiendan la plana los tribunales superiores. No por eso tiran la toalla. Es el pan de cada día.
No hubo, ni hay, un contubernio de togas para castigar a los líderes separatistas al margen del Estado de Derecho. Se cometieron unos delitos; la máquina judicial se puso en marcha y todavía no hemos llegado al final del camino.
La clave radica en qué delitos se perpetraron. Descartada la rebelión, la sala de lo Penal del Tribunal Supremo se inclinó por la sedición en combinación con la malversación. La mayoría de partidos de izquierdas y nacionalistas que sustenta el Gobierno ha derogado el delito de sedición y ha suavizado el de malversación con un doble objetivo: favorecer que condenados por el «procés» concurran a las elecciones y aminorar las responsabilidades futuras de los segundos niveles de la revuelta. Antes se dio un indulto parcial a los independentistas penados para que abandonaran la cárcel.
El Derecho no es una ciencia exacta. Nuestro magistrado no tiene (ni debe) porqué seguir las directrices del PSOE-ERC, que se las daban muy felices. Ha venido Llarena con la rebaja y ha planteado otra combinación delictiva: desobediencia con malversación agravada.
El proceso del «procés» está vivo. La sala que juzgó a los primeros acusados tendrá que adaptar su sentencia a la reforma legal y enjuiciar a los huidos. Luego intervendrán el Tribunal Constitucional y los tribunales europeos. Es el Estado de Derecho.
