El Partido Popular ha tenido ocasión de comprobar en Castilla y León las dificultades prácticas reales que plantea a una formación democrática la colaboración con VOX, un grupo de extrema derecha que, sin rechazar explícitamente a la carta magna porque ello le arrojaría a las tinieblas exteriores, detesta ostensiblemente la gran apertura liberal que la constitución establece, el sistema de organización territorial descentralizado y abierto que el título octavo introduce y, en general, todos aquellos avances modernizadores tendentes a enterrar el modelo reaccionario de la dictadura. La historia de estas cuatro décadas largas de desarrollo democrático es también la de una modernización irrevocable, dado que incluso el sector más conservador del cuerpo social ha asimilado ya los avances que han hecho de nuestra comunidad una verdadera sociedad abierta, por utilizar los conocidos términos de Karl Popper.
Es notorio que, como resultaba previsible, el ascenso de VOX está poniendo en un constante aprieto al PP en el marco en que se desarrolla la política actual. Si este modelo perdura en el tiempo, la alternancia ya no se producirá, como antaño, entre las dos grandes organizaciones centristas, sino entre alianzas o coaliciones. Es decir, que de la misma manera que el PSOE actual necesita una organización como «Sumar» para pretender la mayoría de gobierno, el PP difícilmente será capaz de gobernar en solitario, lo que le arroja en brazos de VOX.
El pasado lunes, Núñez Feijóo presentó en Cádiz su plan «de calidad institucional», que contiene diversas medidas que, ahora sí, ya forman un primer acervo de asuntos susceptibles de ser negociados en la zona de consenso. Dicho plan incluye temas, como la reforma del Senado, que deberían entrar cuanto antes en un calendario de negociaciones, pero de momento la cuestión más candente, porque está vinculada al inmediato proceso electoral que nos aguarda a lo largo de 2023, es la que se refiere a la posibilidad de que gobierne la lista más votada en el correspondiente ámbito electoral de que se trate. De momento, Feijóo propone ciertos cambios en la ley orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para reforzar dicho criterio en el ámbito municipal, pero ha avanzado ya su propuesta de que gobierne igualmente la lista más votada también en las Comunidades Autónomas y en el estado, para lo cual desea promover un «pacto político» con el PSOE, que hoy es prácticamente la única formación parlamentaria dispuesta a suscribir pactos con los populares.
En un sistema parlamentario, gobierna la mayoría, esta realidad no es controvertible. Pese a ello, la formación más votada goza del tácito derecho de ofrecer primero fórmulas de colaboración que hagan posible una investidura. Así lo entendió Felipe González en 1986 cuando declinó la posibilidad de negociar un gobierno con Izquierda Unida para que Aznar, que había ganado las elecciones, pudiera negociar tranquilamente una mayoría que le llevara a la Moncloa, como finalmente ocurrió.
En la actualidad, y con el bipartidismo imperfecto fuera de uso, un pacto como el que Feijóo propone le permitiría gobernar en minoría sin tener que recurrir a la incómoda alianza con VOX. En teoría, la posibilidad existe, pero es utópica ya que la Izquierda no se dedica a la filantropía y siempre que pueda intentará gobernar. Así las cosas, lo que Feijóo podría ofrecer a la izquierda para librarse de VOX es el cordón sanitario a la ultraderecha. Francia nos ha ilustrado sobre cómo hacerlo. Pero por esta vía, la derecha no conseguirá directamente el poder: deberá disputarlo en el núcleo central de la política, del que estaría ausente la extrema derecha.
Esta clase de pactos casi nunca son posibles en vísperas electorales como los actuales. Sin embargo, pueden ser utilizados como señuelo de aproximaciones virtuosas y pacíficas en la vida pública. En el caso español, ya es tarde para utilizar la estrategia del cordón sanitario pero sí es evidente que VOX se juega el ser o no ser en sus definiciones: el PP tendrá cierto margen de cooperación poselectoral con los ultra si estos se mantienen dentro del marco constitucional; si permanecen fuera de él o se descentran todavía más, no solo imposibilitarán una coalición de gobierno con el PP sino que bloquearán una dialéctica saludable que ha funcionado en los 45 años de democracia.
