La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) publicó este pasado diciembre su último informe en que analiza los presupuestos sanitarios de las CCAA para 2023. En síntesis, concluye en que, aunque ha habido incrementos relevantes en los gastos presupuestados para el año que viene, nos mantenemos lejos de la media europea.
En efecto, según dicho informe, se ha producido un crecimiento de los presupuestos sanitarios per cápita respecto a 2022 en un 7,69% en promedio, alcanzando de media los 1.808 euros por habitante. Ello nos mantiene por debajo de la media de la UE (2.244 euros) y muy por debajo de países como Finlandia, Bélgica, Francia, Austria, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Suecia, Dinamarca o Luxemburgo, cuyas dotaciones se mueven entre los 3.000 y los 5.000 euros.
La resaca de la gran pandemia y la constatación de nuestra situación sanitaria, que se expresan de manera espontánea por las movilizaciones de los propios profesionales y las quejas de la sociedad civil están poniendo de manifiesto la insuficiencia de los medios aplicados actualmente a la sanidad española, una cuestión que trasciende de las rivalidades ideológicas, e incluso, de momento, de la dicotomía entre sanidad pública y sanidad privada. Y aunque el verdadero debate que debe producirse ha de ser muy largo y profundo, lo primero que deberíamos reconocer es que faltan recursos para alcanzar un servicio sanitario cabal. Lo que nos lleva a la conclusión de que lo que primero habría que hacer es elevar las dotaciones presupuestarias hasta, al menos, los promedios europeos, para construir sobre esa base un edificio sanitario original, suficiente y capaz de responder a las legítimas necesidades de los usuarios.
