El avión patera aterrizado en Son Sant Joan en noviembre de 2021 inauguró una nueva modalidad de entrada ilegal en Europa, que obligó entonces a revisar los protocolos de seguridad en aeropuertos de la Unión ante el temor de que creara tendencia. Ahora, catorce meses después, la batalla judicial derivada de ese episodio abre un novedoso debate de resolución incierta que sentará jurisprudencia en el tratamiento de los flujos migratorios llegados por vía aérea, ya replicados en otras latitudes. A diferencia de lo que ocurre con los que entran al país por vía marítima en patera, a esta veintena de migrantes que desembarcaron a las bravas en un aterrizaje de emergencia, provocado por la supuesta indisposición de un pasajero de un vuelo Casablanca-Estambul, no se les aplicó la vía administrativa de la Ley de Extranjería que acaba en devolución, sino el Código Penal, que les condujo a la cárcel, donde han estado 14 meses, acusados de sedición. La derogación de este delito ha generado un nuevo escenario y ha provocado una inaudita reformulación del plan a seguir. Ahora, la Fiscalía y la policía luchan para que los migrantes sean directamente expulsados sin juicio, pese a que mantienen contra ellos el delito de coacciones, penado con tres años, mientras las defensas contraatacan con recursos y alegaciones para que se celebre la vista y se valoren las irregularidades que, a su entender, han tenido lugar en el procedimiento. Máxima expectación ante el pronunciamiento de la Audiencia provincial en un momento en el que se ha elevado el listón de las garantías procesales hasta llegar al llanto.
El escrito presentado por el letrado Bartomeu Vidal, abogado de oficio de uno de los encausados, en el que equiparaba la invasión de la pista aeroportuaria de Palma con «el salto a la valla de Melilla» encendió todas las alarmas del sistema, ante la posibilidad de que una entrada ilegal, que obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Palma, tuviera un desenlace final con todos en la calle. Urgía resolver sin más demora y por vía expeditiva. El proceso judicial del avión patera de Palma converge con la agenda internacional de Pedro Sánchez y su crucial cumbre bilateral con Marruecos, que se celebrará los próximos 1 y 2 de febrero. Tras la crisis migratoria desatada por haber atendido en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario contagiado de covid, y que acabó con el Ejecutivo español dando la espalda a la causa saharaui, Sánchez trata a toda costa de no soliviantar de nuevo a Rabat para que no descarrile la hoja de ruta conjunta, en la que los flujos migratorios ocupan un lugar preeminente. Solo así se explica que los europarlamentarios socialistas españoles sean los únicos que, junto con la ultraderechista Agrupación Nacional de Le Pen, hayan votado contra la resolución de urgencia aprobada en el Parlamento Europeo que exige a Marruecos respetar la libertad de expresión y liberar a los periodistas encarcelados. ¿Nueva contorsión de la realpolitik?
