El último, por el momento (¿), bastión del tramado institucional español está tambaleándose. El prestigio de la más alta institución judicial del país es objeto de un asalto por parte de los partidos políticos. El irresistible afán de poder del gobierno y la resistencia de la oposición han convertido en un campo de batalla el Tribunal Constitucional. No solo desean su control las dos principales formaciones políticas, sino que incluso algunos miembros de otros partidos «populistas», están desprestigiando al Tribunal, por aquello de cuanto peor mejor, profiriendo insultos a sus magistrados, tales como «golpistas con toga», «jueces atrincherádos», etc.. La ínclita e ignorante ministra de Igualdad se ha permitido aconsejar a los jueces que se formen mejor, cuando se están limitando simplemente a aplicar el bodrio de su ley del «solo si es sí». Hoy la credibilidad del Tribunal está en entredicho gracias a argucias y humillaciones de todo tipo, utilizadas para paralizar su intervención y evitar los límites, que legalmente puede poner el Tribunal, cuando pretenden saltarse la legalidad, única función que tiene asignada el Constitucional. Fácil de entender, someter a la legalidad cualquier actuación de las administraciones y por supuesto también del Congreso, aunque sea y lo es, la representación máxima de la voluntad popular. Piensan esos potenciales «golpistas», que, si se contrarían sus deseos, pueden adoptar una posición de desobediencia ante las resoluciones dictadas. Un paso más y se estarán traspasando todos los limites democráticos y, entonces cualquier cosa podría suceder. Y llegados a este punto recuerdo un artículo que publiqué en Diario de Mallorca el día 13 de agosto que titulé «La guillotina» en el que ponía en boca del diputado por Granada, Pedro Hondarribia, la siguiente frase: «Echo de menos una buena guillotina en la historia del Estado». También la inteligente articulista Isabel Sebastián, nos ha recordado recientemente en el diario ABC una frase del líder de los morados: «la guillotina es la madre de la democracia». A partir de aquí no es raro que la gente empiece a tener miedo y se pregunten, si se produjese la voladura del edificio constitucional, ¿se encargarán guillotinas?, ¿será así Sr. Iglesias?
La piedra angular de cualquier sistema democrático es la separación de poderes, que debe garantizar la independencia y la no intromisión entre los tres poderes de Estado de Derecho, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Durante la Ilustración, el barón de Montesquieu lo explicitó claramente y los estados democráticos modernos lo han aceptado y aplicado. Sin embargo, en España, han sido muchos los intentos de interferir y controlar el poder judicial. Ya en 1.982, en el ambiente de euforia que se desató entonces por la victoria socialista, un importante dirigente, Alfonso Guerra, dijo que «Montesquieu había muerto». Esto disparó algunas alarmas, no obstante, y, con independencia de esta metedura de pata, Guerra, resultó ser un buen dirigente socialista. Lo mismo se puede decir de Felipe González que fue un magnífico presidente de gobierno durante más de doce años.
De poco están sirviendo las recomendaciones o reconvenciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, ni las admoniciones del comisario de justicia de la Unión Europea, para que sean los jueces que elijan a los jueces. Un Estado de Derecho solo merece ser calificado así si existe una clara separación de poderes. Hoy tenemos en España, en lugar de una separación de poderes, «una clara confusión de poderes», como ha dicho Carles Mundó en La Vanguardia. Los grandes partidos, cuando pueden, aprovechan cualquier oportunidad para desconsiderar o ignorar a Montesquieu y hacerse con el control del poder judicial, tal como estamos viendo en estos momentos. Cuando en una democracia se debilita a la justicia, intencionadamente, como ahora, es que algo va mal y puede ir a peor.
