Si el malogrado José Antonio Labordeta tenía un país en la mochila, nosotros tenemos un país de histéricos. La reciente crisis entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, y el garante de la constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, es una muestra de inmadurez democrática, populismo y falta absoluta de autocontrol.
Estos días se han oído barbaridades que no merecen ser repetidas. Son reacciones propias de hinchas radicales del fútbol que no saben perder, ni ganar (como la selección argentina) y tampoco respetan a los árbitros.
Lo primero que hay que dejar claro es que el Constitucional no forma parte del poder judicial. Es un órgano que está por encima del Legislativo, el Ejecutivo y los jueces y tribunales. Su misión prioritaria es que las leyes no sean inconstitucionales, que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y resolver los conflictos de competencias entre el Estado central y las Comunidades Autónomas.
En este caso ha visto indicios de inconstitucionalidad en una reforma legal en marcha. Ha actuado de manera fulminante y no ha esperado, como suele hacer, años y años para adoptar una resolución. Lo llamativo del caso es que ese cambio legislativo le afecta directamente pues se trata de modificar los protocolos para el acceso a la condición de magistrado del Alto Tribunal.
Da igual. La mayoría que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado tomar un atajo legislativo para sortear el impresentable bloqueo que el PP de Alberto Núñez Feijóo mantiene a las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional.
La mayoría ha metido un gol en fuera de juego por sus prisas. Han venido los árbitros, ha hablado el Var y se ha anulado el tanto. Más el espectáculo ha sido bochornoso hasta que el tribunal se ha pronunciado. Acusaciones de jueces fascistas, golpes de estado de los togados y llamamientos absurdos a la insumisión. Patético, patético.
La jurisprudencia dice que no se pueden introducir cambios de calado en leyes básicas (como las reguladoras del Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial) de tapadillo y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Era fuera de juego y lo sabían.
El Partido Popular también tiene un mal perder. No tolera que el órgano de gobierno de la judicatura pase a tener mayoría de vocales progresistas, en sintonía con la situación de las Cortes. También se resiste a que el Constitucional pase a tener más miembros propuestos por la izquierda que por la derecha. El flamante senador Feijóo incumple la Constitución y es otro claro ejemplo de histerismo político.
Lo ocurrido estos días demuestra que vocales y magistrados conservadores toman decisiones que favorecen al partido que los escogió, mientras que sus compañeros de ideología contraria parecen inclinarse hacia los intereses del PSOE.
Es esta una grave disfunción del sistema. Lo ideal sería que, una vez asumido el cargo, cada miembro de estas instituciones fuera independiente y lo más imparcial posible. El mundo no es así. Sin embargo, hoy por hoy, es lo que hay y tenemos que aceptarlo.
