La falta de médicos y personal sanitario es el gran problema al que se enfrenta la sanidad pública en España, una carencia que afecta directamente a la calidad del servicio que hospitales y centros de salud ofrecen al paciente, que dispara las listas de espera y que, muy probablemente, resulta del todo irresoluble si no se afronta desde una perspectiva nacional que englobe también a las universidades, y que, además, tenga en cuenta los problemas específicos de cada territorio, como las dificultades de acceso a la vivienda en la islas.
Sin embargo, y como se ha podido comprobar esta semana en Balears, esa carencia de médicos, ruinosa para la administración, está resultando muy rentable para los profesionales en ejercicio, desde el punto de vista salarial y de mejora en las condiciones laborales. «Nos ha tocado el Gordo de la lotería sanitaria», reconoció eufórico Miguel Lázaro, presidente del Sindicato Médico de Balears el pasado jueves, tras concluir la negociación que acabó con el anuncio de huelga en Atención Primaria a cambio, entre otras contraprestaciones, de la retribución más alta para guardias médicas de 24 horas en España: 819 euros brutos. El Govern ha comprobado que ya no tiene la sartén por el mango y ante la amenaza médica no le ha quedado otra alternativa que pagar y ceder en todo, renunciando incluso a proyectos de legislatura que ya resultan muy difíciles de sostener en las actuales circunstancias. Entre ellos, al plan de Atención Primaria presentado el pasado mes de junio, cuyo objetivo era conseguir que las demoras en Atención Primaria no superaran las 48 horas, que se recuperase la actividad extraordinaria de tarde en los centros de salud y la simplificación y unificación de todos los procesos de obtención de una cita médica. Ahora, sin embargo, tendrá que aumentar el presupuesto de las derivaciones para que el edificio de la sanidad no se venga abajo. Los pacientes son los grandes perdedores.
