No nos andemos con remilgos leguleyos o disquisiciones jurídicas, porque lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional (TC) es muy simple: cargarse la soberana voluntad del Congreso de los Diputados y el Senado, depositarios, hasta el lunes, de la voluntad del pueblo español expresada en las elecciones generales. Hemos entrado en territorio ignoto: desconocemos lo que nos vamos a topar. La derecha judicial, acantonada, vulnerando sin dar cuartel la legalidad, ha quebrado la Constitución al interrumpir la acción del Legislativo. Bien, ya sabemos a qué atenernos: el TC está por encima de las Cortes, no solo para interpretar las leyes aprobadas, que es su función, sino para impedir que éstas sancionen lo que consideren oportuno. El TC se convierte así en el poder fundamental del Estado. Por encima del Congreso y el Senado. Peculiar sistema de representación. Lo hace, además, con la agravante de que quien lo preside tiene mandato caducado optando por autoproteger su cargo y a quien allí lo ha depositado. A la figura se le llama prevaricación. No importa, porque de lo que se trata es de impedir la renovación, «el secuestro», dicen los inductores (el PP de Núñez Feijóo y el sector de la Judicatura nada dispuesto a perder el control que ejerce sobre ésta), del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el TC por Pedro Sánchez, el «felón» por antonomasia del Reino de España. Si no estamos ante una soberana crisis de Estado lo acontecido se le parece bastante.
Cierto, y no es asunto menor, que la fórmula utilizada por la mayoría gubernamental para proceder al desbloqueo del TC es esencialmente irregular, hasta puede considerarse bastarda, pero entrar a saco en la independencia de las Cortes antes de que culmine el trámite legislativo es, se quiera reconocer o no, algo muy parecido a un golpe judicial, posmoderno dirían los exquisitos, que nos lleva, insistamos en ello, a colegir que ya en las Españas cualquier cosa es posible. No es exagerado afirmar que estamos en trance de la quiebra de la Constitución de 1978. El presidente del TC, González Trevijano, y cinco de sus conmilitones engrosarán la nómina, abultada, que en los dos últimos siglos de historia española han enviado al carajo los esfuerzos desplegados para mantener incólumes las normas institucionales que conforman lo que se llama Estado de Derecho.
Si el TC considera que lo que sale del Congreso y Senado es inconstitucional que lo sentencie, pero nunca antes de que se apruebe. El bloqueo preventivo es propio de las dictaduras. En las Cortes franquistas la comedia consistía en aprobar lo que el general Franco quería. En caso contrario nadie chistaba. Los procuradores de entonces eran designados por Franco de una u otra manera y, además, el dictador disponía de la denominada «ley de prerrogativas del jefe del Estado», una de las «leyes fundamentales», que le permitían hacer lo que le saliese de sus muy innobles partes. El TC ha querido emularlo provocando un descomunal estropicio del que se saldrá muy malparado. El regocijo de la derecha política, judicial y mediática (los diarios de la derecha madrileña, de papel y digitales, además de radios y televisiones, estaban ayer eufóricos) está siendo estruendoso.
A todo eso, el sábado, Nochebuena, el Rey nos ofrece su acostumbrada plegaria. Qué nos dirá Felipe VI sobre lo que acontece. No parece probable que sea tan aguerrido como cuando al producirse la farsa de referéndum de independencia en Cataluña y ante la inevitable indolencia del presidente de entonces, Mariano Rajoy, se enajenó para los restos a buena parte de la sociedad catalana y vasca. La de la izquierda la ha tenido perdida desde siempre. Corre el riesgo del desafecto de la del PSOE, que incomodaría a la Corona, le dificultaría mucho la existencia. La papeleta del Felipe VI es peliaguda, pero que no tome por idiota a la ciudadanía salmodiando un discurso con los lugares comunes habituales. Se requiere cuajo. Al menos pronunciamiento similar al de 2017.
