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Matías Vallés

Al Azar

Matías Vallés

Golpe de Estado Constitucional

Tribunal Constitucional.

La señal de «Peligro, desprendimientos» no los garantiza, los previene. El equivalente signalético en política es «Peligro, golpe de Estado», un riesgo del que no está exenta ni la astringente Alemania. Un conductor puede circular toda su vida sin que rueden las rocas amenazantes por la escarpada pendiente, pero ni el guionista más aventurado imaginaría que las autoridades públicas empujarán las piedras ladera abajo, «porque ya habían avisado». Esta situación acaba de precipitarse en España con nocturnidad y alevosía. Un golpe de Estado Constitucional, dado que sus autores caducados y no muy educados se enfundan en la condición de Tribunal para disparar un arma nuclear que por definición debe evitarse, la anulación de las cámaras legislativas donde reside la soberanía popular.

En buena lógica, es el Congreso quien podría decidir la alteración del Tribunal Constitucional, sin más que votar según las proporciones establecidas en la propia Carta Magna. Los irresponsables que han abocado y avocado, ya que tanto les excita el vocablo, a la mayor crisis de la democracia española incluido el 23F, en realidad denuncian por intolerable que el Gobierno pueda ser ejercido desde la izquierda, siempre usurpadora. La evidencia casposa de que la explosión de la bomba atómica sirve para salvar sus cargos palidece frente al daño infligido a la población en su conjunto.

Sostener que la supresión de una votación pacífica en el Senado, porque al Congreso no llegaron, entra dentro del arsenal del TC, equivale a argumentar que un miembro de las fuerzas del orden puede disparar su arma, cuando son de sobras conocidas las cautelas que exige el uso de una pistola. O una pistoga. En la lógica desquiciada que el Constitucional desea imponer a todo un país, las fuerzas armadas podrían asaltar un pleno del Congreso alegando la comisión de un flagrante delito, solo porque un grupo parlamentario denunciara que en la cámara se comercia con drogas. La arbitrariedad del Tribunal Constitucional, al convertir a España en una república bananera, ni siquiera ha tomado en cuenta que Sánchez ya purgaba en los sondeos su endulzamiento de la malversación.

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