Llegados a este punto, camino de los dos años de conflicto, ya no resulta sorprendente que la Autoridad Portuaria de Balears, esa entidad que como todo el mundo sabe vela por los intereses públicos, encuentre otro informe de la Abogacía del Estado para negarle el futuro al Real Club Náutico de Palma, a los 2.000 socios que sufragan todos los gastos de la entidad desde hace más de 70 años, incluidos los caprichos del propio organismo portuario, a sus más de 800 clientes amarristas y a los 400 jóvenes regatistas que cada fin de semana, del invierno al verano, llenan la bahía de pequeñas velas, con gran sacrificio de sus familias para que sus hijos no falten a la cita.
Para celebrar su 150 aniversario, la Autoridad Portuaria ha negado la última propuesta jurídica del club para intentar asegurar su continuidad histórica más allá del 31 de diciembre, la fecha de expiración de su contrato. Y lo ha hecho incluso antes de reunir a su consejo de administración, humillando al club y a sus socios con un permiso de ocupación temporal de tres años para que en ese tiempo vaya recogiendo sus bártulos mientras se convoca un concurso público.
Se anuncia una larga batalla en los tribunales que previsiblemente no se resolverá hasta la última instancia. Pero es preciso señalar, para el que todavía no lo sepa, que los clubes náuticos, con sus aciertos y errores y su función vertebradora en las comunidades en las que se integran, se han convertido en entidades molestas y poco rentables para los organismos portuarios, con sus organizaciones participativas, sus dichosas razones sociales y su engorroso empeño por difundir los deportes náuticos. Lo recordaremos cuando el espacio que ahora ocupa el Náutico esté lleno de megayates y en el Passeig Sagrera se levante otra barrera que impida el paso, como todas las que poco a poco han ido privatizando hasta el extremo el Paseo Marítimo, marinas de las que nadie sabe nada porque viven de espaldas a la ciudad y al ciudadano.
