Cuando allá por finales de mayo inauguré esta humilde ventana de «Pensamientos» pronostiqué que los testigos eran la clave en el juicio contra el magnate mallorquín Bartolomé Cursach, acusado entonces de una catarata de delitos.
Poco después la fiscalía anticorrupción derribó la mayor parte de su estructura acusatoria contra empresarios, policías locales de Palma y otros funcionarios, a los que inicialmente incluía en una poderosa y activa trama de corrupción en torno al negocio de la noche. El caso quedó así reducido a la mínima expresión, más ahora, tras varios meses de agitado juicio oral, va a quedar seguramente en casi nada. O en nada.
El presunto maltratador Dinio dijo en 1998 «la noche me confunde». Esto es lo que ha pasado a lo largo de toda la virulenta tramitación del caso Cursach y lo que ha quedado en evidencia en el juicio ante la Audiencia de Palma.
Durante la instrucción de este voluminoso sumario (por su contenido y número de imputados) una nube cegó al juez Manuel Penalva, al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y a los policías del Grupo de Blanqueo de Capitales. Yo no creo que actuaran de mala fe (algo que, por otro lado, se verá en la causa penal que tienen pendiente de juicio), pero lideraron el proceso como si fuera la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad se ha convertido en la conquista de Perejil. Se equivocaron y han pagado, y pagarán, por ello.
Los instructores movilizaron un grupo de testigos de cargo que, ya en caliente, resultaban llamativos y poco creíbles. Se les dio el estatus de protegidos, pero el tiempo demostró su endeblez y su supuesta malicia.
Quedaron así el resto de testigos, policías y empresarios de la noche en su mayoría. En la vista los agentes se han retractado de lo dicho, han acusado a Subirán de coaccionarles o han sufrido una severa amnesia.
Algunos de los representantes del ocio que han desfilado ante las tres magistradas sufren el síndrome de Dinio: no tenían los locales en regla, fueron fiscalizados por la autoridad y atribuyen, sin pruebas, esas inspecciones y sanciones a la mano poderosa de Bartolomé Cursach. Todo ello en un revoltijo no exento de insultos a la sala, en algún supuesto.
La falta de pruebas incriminatorias es la clave de esta historia. Podremos sospechar que el Grupo Cursach se dedicó, durante décadas, a machacar a la competencia con malas artes y la complicidad de deshonestos funcionarios. Más hay que demostrarlo.
Es precisamente la fase del plenario, del juicio, cuando las acusaciones tienen que aquilatar sus tesis. Si no hay material incriminatorio cabe recoger velas, como han hecho los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz. Nos guste o no el sistema funciona así: la fiscalía defiende el interés público, pero también debe buscar la verdad de lo ocurrido.
Cabe, por último, mencionar el papel de las defensas en este proceso. Algunos abogados han abusado de la pimienta y hasta de las bombas de racimo. Por el contrario, otros, como Antonio Martínez, son un ejemplo de defensa integral e íntegra.
