Hace ya tiempo que venimos viendo que todos los medios de comunicación dedican mucho espacio a informar de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los sucesivos avatares que esta cuestión va suscitando, siempre desde la perspectiva de un pacto entre el Gobierno y el principal partido de la oposición (o, más exactamente, entre el Presidente del Gobierno y el líder de dicho partido). Cuando resulta que, según la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial ninguno de esos intervinientes tiene papel alguno en la designación de los vocales del CGPJ.

Veamos. En desarrollo de lo que dispone el artículo 122 de la Constitución, la LOPJ prevé que el nombramiento de los veinte vocales del Consejo se ha de llevar a cabo por el Congreso y el Senado, diez cada una de las Cámaras, a razón de cuatro designados entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio, y seis entre jueces y magistrados que hayan presentado candidatura (sea o no por conducto de una asociación judicial). La LOPJ regula detalladamente el proceso de presentación de candidatos y demás cuestiones relativas al procedimiento, bajo la tutela de una Junta Electoral constituida en el seno del Tribunal Supremo.

Es decir, en el sistema diseñado no tienen intervención alguna el Gobierno ni los partidos políticos, de una forma directa, tal como parece cuando se oye hablar repetidamente del pacto (al que ahora se llega, ahora se rompe, en función de lo que pueda interesar en cada momento). Parece que todo el mundo ya haya aceptado que no existe división de poderes y que las cosas se decidan al margen de los sujetos constitucionalmente llamados a resolver -en este caso, las Cortes Generales, que asisten impasibles a este tejemaneje, como si la cosa no fuera con ellas. Es ésta una situación anómala, pero asumida ya con normalidad, como digo.

Con todo, con independencia de que se haya demorado en exceso la renovación del CGPJ y al margen de que ello pueda interesar más o menos al ciudadano de a pie, me llama la atención la circunstancia que acabo de exponer, que en la mayoría de informaciones sobre el tema queda fuera de foco y es totalmente ignorada. Cuando, en realidad, la solución debería ser mucho más simple.

Coincido en este sentido con la opinión expresada por Manuela Carmena -Magistrada y exalcaldesa- en un artículo publicado en el periódico El País el pasado día 2 de noviembre, titulado, expresivamente, CGPJ: diputados, senadores, ¡a votar! (supongo que en alusión a un conocido concurso que se emitía hace años por televisión). En ese artículo se mantiene la tesis de que, existiendo ya una lista de candidatos que se han presentado con arreglo a los requisitos establecidos en la LOPJ, deberían ser las Cámaras legislativas las que tomaran la iniciativa y procedieran a someter a votación los nombramientos, tal como está legal y constitucionalmente previsto. Sin atender a pacto alguno, adoptado extramuros del poder legislativo. Así, al menos, los diputados y senadores tendrían que ‘retratarse’ y opinar sobre aspirantes concretos, sin esperar a que, como se pretende, tuvieran que limitarse a dar el visto bueno a una lista que alguien habría pactado fuera del Parlamento (a modo de cambio de cromos, como, por desgracia, ha venido haciéndose hasta ahora).

En cambio, el método en el que se insiste una y otra vez (pacto al margen del legislativo), no hace más que desenfocar la cuestión, dejando a las claras que lo que pretenden las fuerzas políticas es manipular la Administración de Justicia de modo partidista, utilizando, además, ese tema para negociar otras cuestiones que nada tienen que ver con el gobierno del Poder Judicial. Es realmente penoso asistir a esa utilización, asumida ya por todos como lo más normal, cuando lo correcto – y lo más sencillo, además- sería que cada órgano constitucional cumpliera con su cometido, sin interferencias ni planteamientos de oportunidad o ventajismo. Estamos ante una muestra más de la ‘partitocracia’ dominante, como suele decir Ramón Aguiló en estas mismas páginas.

En fin, creo que, por desgracia, el tema va a seguir coleando, pues hemos entrado en un círculo vicioso, aliñado con la atención que le prestan algunos medios de comunicación capitalinos, empeñados en creer que son el ombligo del mundo.