Siempre guardaré un buen recuerdo de la sucursal palmesana de La Caixa de la avenida de Sant Ferran, mi barrio. Allí abrí, hace años, las primeras cartillas a mis dos hijos, que todavía conservan esas cuentas. Ahora todo ha cambiado. A peor.
En aquella oficina, la número 4059, me atendían de manera correcta y amable. Entonces apenas había colas y no había que pedir cita. Llegabas, exponías tu problema y en un pispás lo solucionaban. Luego arribó la banca digital y con ella la escasez de personal, los nervios, las demoras y el estrés.
A pesar de ser cliente cibernético frecuentaba la sucursal para hacer extracciones en efectivo y alguna que otra gestión. Los empleados seguían siendo eficaces, aunque la presión, interna y externa, les habían hurtado la alegría.
Durante algún tiempo se coló en el cajero automático un sintecho. Dormía allí y no molestaba. Igual te lo encontrabas un fin de semana, pero él seguía en aquel pequeño habitáculo tendido en el suelo, cubierto con una ligera tela y soportando su dura existencia. No decía ni mu.
Desde niño me han impresionado las medidas de seguridad de los bancos: cajas fuertes; cristales blindados; alarmas a la vista y ocultas; guardias armados y cámaras de vigilancia, muchas cámaras. Hay que proteger el templo del dinero.
Todo eso se acabó en la Avenida. La Caixa decidió cerrar la 4059 y los trabajadores migraron. En la puerta se colocaron carteles de «se vende» o «se alquila», pero los primeros interesados en el vacío espacio fueron unos okupas. Lástima que el local no se hubiera transformado en un ‘todo a cien’ o tan siquiera en una modesta frutería de pakistaníes.
Los inquilinos ilegales empapelaron la puerta con unas confusas proclamas sobre el derecho a la vivienda y la fuerza como camino para materializarlo.
Para los habitantes de la antaño tranquila vía comercial y residencial empezó la pesadilla, que nunca se acaba.
Los okupas de la desaparecida sucursal de La Caixa de Son Roca son mucho más pacíficos que los nuestros. Hasta barren el trozo de acera aledaño a su «hogar» y disfrutan del clima mediterráneo con unas sillas y una mesita colocadas junto a la puerta. Eso sí, las atan con una cadena, no vayan a venir los amigos de lo ajeno.
«Tenemos miedo por nuestros niños y adolescentes. No dormimos pensando que algún día pasará algo. Les decimos, cuando os crucéis con ellos ni les miréis. No les digáis nada y no les hagáis ni caso», dice un residente que se mudó a la zona de guerra antes de la invasión. Ahora paga una dura hipoteca y soporta también la carga de la ineficacia del sistema.
El desaparecido jesuita y catedrático de Derecho Penal Antonio Beristáin Ipiña fue el primer jurista español en poner el acento en las víctimas, cuando nadie se acordaba de ellas. ¿Qué diría Beristáin de esos sufridos vecinos de Sant Ferran?
Mientras los jóvenes okupas aterrorizan a las familias cuando, al amanecer, regresan al local tras sus rapiñas en Magaluf para buscarse la vida, un magistrado y un letrado de la Administración de Justicia no hacen nada para materializar el desahucio. El drama podría resolverse pronto, si hubiera voluntad.
