El debate sobre la transexualidad que se está produciendo con innecesaria acritud tiene tras de sí la sórdida realidad de una marginación histórica que por fortuna se ha mitigado con la ya larga etapa de democracia, pero que todavía mantiene rescoldos que conviene apagar. Porque los transexuales, probablemente por su inevitable visibilidad, han sido los que más duramente han parecido el acoso de los intransigentes. Dramáticamente, las opciones de esas personas se han limitado muchas veces a la prostitución o al suicidio. En consecuencia, no es razonable reducir la clarificación definitiva de la integración social de estas personas a una querella política.
De entrada, conviene recordar que la libre autodeterminación de género ya está regulada espontáneamente en 15 de las 17 comunidades autónomas (las excepciones son Asturias y Castilla y León, además de Ceuta y Melilla). En virtud de las normativas de ese rango territorial, los mayores de 16 años tienen derecho a figurar en los títulos universitarios y escolares con el nombre y sexo sentidos, y con ellos serán registrados en los centros de salud y hospitales. Es decir, se les reconoce en todos los ámbitos en los que las administraciones autonómicas tienen competencia.
Sin embargo, en el nivel estatal, todo sigue siendo inmensamente complicado, en contravención de las normas de la OMS. Para cambiar la mención del sexo en el DNI, por ejemplo, según la legislación vigente de 2007, solo los mayores de edad pueden solicitar un cambio registral, y para ello tienen que aportar un diagnóstico de disforia de género —que desde 2018 ya no es una enfermedad según la OMD—, y haber recibido tratamiento hormonal al menos dos años. Desde 2019, cuando el Tribunal Constitucional anuló el artículo de la legislación que restringía esta posibilidad solo a los mayores de edad, ese alcance se extendió a menores con la «suficiente madurez y que se encuentren en una situación estable de transexualidad», pero con los mismos requisitos que para los mayores de 18.
Con la nueva y polémica ley en ciernes se tratará, pues, de extender la autodeterminación de género al ámbito estatal, incluso en el tramo entre 12 y 16 años, con aval judicial entre 12 y 14 años y con autorización parental de 14 a 16. Pero a ello se oponen, de un lado, un sector de la psiquiatría y, de otro lado, un sector del feminismo.
Un grupo de psiquiatras, con el prestigioso doctor Celso Arango al frente, discrepa de que la autodeterminación en el caso de menores de edad pueda hacerse sin el preceptivo asesoramiento. Su explicación es esta: «Yo no estoy en contra de que el menor pueda ir y solicitar el cambio registral. De lo que estoy en contra es de que pueda hacerlo sin más, sin una información y sin saber por qué se hace. Yo trato a adolescentes con personalidad límite que podrían estar haciendo eso para un lado y para otro todos los meses». Por lo que, en su opinión, es necesario «poner un filtro, el de una evaluación hecha por un profesional de la salud mental».
En lo tocante a un grupo de feministas, del PSOE y de otros partidos, la posición adversa de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, se debe a que «la propuesta del Gobierno permite que, aunque no seas transexual, puedas modificar el dato registral del sexo». De esta manera, razona, «el sexo pasa a ser un dato subjetivo y por tanto registralmente irrelevante. El sujeto al que se dirige la norma no debería ser, como reza el proyecto actual, ‘toda persona’, sino aquella que presente disconformidad hacia su sexo médicamente acreditada».
Si bien se piensa, la discrepancia radica en que un sector de opinión considera que la transexualidad, desde el punto de vista jurídico, debe ser contrastada por un experto, frente a otro que considera que es un asunto estrictamente personal. El sentido común y la prudencia indican que a lo mejor el problema podría abordase por fases: en una primera se requeriría este control, y más tarde, si se demuestra innecesario, podría ser eliminado. Lo realmente importante es que la ley salga adelante y que sus destinatarios se sientan atendidos y arropados por el Estado.
