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Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso

Jorge Fauró

Limón & vinagre | Carmen Calvo: Una feminista en la maraña de la ‘ley trans’

Carmen Calvo, en una imagen de 2020, cuando era vicepresidenta primera del Gobierno. DAVID CASTRO

Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 65 años) está entre dos fuegos a cuenta de ‘ley trans’, la más polémica de la actual legislatura. Desde las filas de Unidas Podemos, una parte del PSOE y los colectivos LGTBIQ+ más firmes en la defensa de la autodeterminación de género se atribuye a la exvicepresidenta, hoy al frente de la Comisión de Igualdad del Congreso, una parte de la responsabilidad en el retraso de la aprobación definitiva de un nuevo marco legal para las personas transgénero. En teoría pactada entre la propia Calvo y las principales asociaciones, la ausencia de consenso dentro del Gobierno sobre la ley ha llevado al PSOE a sumar sus votos a los del PP para ampliar el plazo para la presentación de enmiendas, lo que retrasará su entrada en vigor. Con el visto bueno del Gobierno desde el mes de junio, la ‘ley trans’, continúa su periplo en las Cortes un año después de que fuera aprobada en primera vuelta en el Consejo de Ministros.

A estas alturas del debate, una buena parte de la ciudadanía ya se ha perdido en el laberinto de una discusión que crece a medida que se añaden consonantes al colectivo. Primero nació como LG, luego LGTB (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales); más tarde se le agregó la I de intersexuales (quienes nacen con características físicas de ambos géneros, por ejemplo, y en líneas generales, una persona hermafrodita, aunque la ciencia tampoco se pone de acuerdo en equiparar ambos términos); tiempo después se sumó la Q (queer, en su origen una palabra utilizada como insulto homófobo y que hoy identifica a las personas que no se categorizan en ninguna de las etiquetas tradicionales o aceptadas socialmente de hombre / mujer); y finalmente el signo +, para agrupar a quienes no se engloban en ninguna de las posiciones anteriores. Y alrededor de este último ‘etcétera’ y de la Q de queer pivota la controversia nacida en el Ejecutivo y un retraso legal que ya ha dejado una víctima por el camino, la exdiputada socialista en la Asamblea de Madrid y activista trans Carla Antonelli, que acaba de darse de baja del partido.

El combo no es pequeño. A diferencia de lo que opinaba De Gaulle («Un país que produce 365 variedades de queso es ingobernable»), lo sorprendente es que un colectivo que agrupa a tantas y diferentes identidades sexuales se haya puesto de acuerdo. Sorprende tanto como si, llegada la fecha de aprobación definitiva de la ley, hubiera consenso entre quien gobierna esa multiplicidad identitaria y un arco parlamentario cuyo menú incluye todas las variedades de género, del manchego al Idiazábal.

Carmen Calvo es una feminista clásica, de manual, y en ese clasicismo fundamenta sus reticencias a una norma que tiene mucho de semántica, de la delgada línea que separa el sexo del género y de la laguna jurídica que puede abrirse tal y como hoy está redactada y sobre la que parecen imponerse las posiciones queer, a saber: se permitirá el cambio de sexo legal a partir de los 12 años y en diferentes tramos; desde los 16 años sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de los representantes legales; y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. La novedad radica en que se exime de la necesidad de informe médico o psicológico ni tratamiento médico previo, una autodeterminación de género que choca con la lucha feminista tradicional por los derechos de las mujeres y que acabó enfrentando a Calvo con la ministra de Igualdad, Irene Montero. El pasado julio, Pedro Sánchez sacó a la exvicepresidenta del Ejecutivo. Si las diferencias con Montero precipitaron su salida, Calvo lo deja en el aire: «Que sepa, ni él ni yo lo hemos contado nunca. Y así seguirá».

Desde la presidencia de la Comisión de Igualdad del Congreso, a nadie se le escapa la capacidad de influencia de la antigua número dos de Pedro Sánchez. Calvo considera que esa autodeterminación de género no es un derecho fundamental. La exvicepresidenta explica desde un punto de vista jurídico lo que buena parte de la sociedad argumenta desde los argumentos de calle de la Sociología: que el mejunje identitario de un adolescente no garantiza que se mantenga una decisión adoptada a los 16 años sin informe psicológico que lo avale. Pero Carmen Calvo no representa solo la inquietud de esa tradición feminista por la cual «las mujeres quieren salir del género», lo que confronta con las teorías queer y la barra libre que defiende Podemos. Representa también el batiburrillo en que anda metido el PSOE, las propias contradicciones de una izquierda que no tiene muy claro cómo defender a una capa social que exige derechos, el sexismo rampante que todavía campa en muchos dirigentes y esa disparatada pelea con la gramática que distingue entre ellos, ellas y ‘elles’, alejada a miles de kilómetros del centro de los problemas. Más madera.

Carmen Calvo, en una imagen de 2020, cuando era vicepresidenta primera del Gobierno.

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