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Antonio Papell

El dilema de las pensiones

La última reforma del sistema de pensiones, adoptada en 2021 por consenso en el seno del pacto de Toledo, incluye como es conocido la revisión anual automática de las mismas de acuerdo con el IPC. En aquellas fechas no podíamos ni imaginar que menos de dos años después estaríamos sumidos en una crisis económica, consecuencia de la pandemia y de la brutal guerra en Ucrania, que dispararía la inflación en todo el mundo a niveles inéditos en las últimas décadas.

La referida crisis, que es de las llamadas de oferta, no se debe a la falta de demanda sino a la subida desproporcionada del precio de la energía y a los cuellos de botella en numerosos procesos productivos. Nos encontramos en una situación de estanflación que ya padecimos en los años 70, caracterizada por una macabra combinación de alta inflación y de estancamiento o recesión al mismo tiempo. La recesión técnica ha llegado a países punteros como Alemania y Estados Unidos, y en España han decrecido las perspectivas de una recuperación rápida.

En esta coyuntura, el gobierno ha preparado un proyecto de presupuestos que incluye el mencionado compromiso: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado ya que las pensiones crecerán en 2023 un 8,5%, la mayor subida de la historia. La partida aumentará un 11,4%, casi 20.000 millones más de euros, y las prestaciones representarán el 39% del gasto total previsto en los Presupuestos hasta llegar a los 190.687 millones. La propuesta consiste en subir linealmente las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, en el porcentaje mencionado. Por supuesto, prácticamente ningún salario de trabajadores activos se revalorizará en 2023 en esta cuantía, que rechina en cuanto se hacen comparaciones. El sociólogo Jorge Galindo, de Esade, ha comentado en un tuit «Los PGE 2023 traen 19.500 millones de euros extra para pensiones, y 390 millones extra para becas. Esas son las prioridades actuales de nuestro estado de bienestar». El revuelo que esta frase ha generado en redes es fácil de imaginar. Un dato objetivo que también se ha aportado es este: las partidas destinadas a la promoción de los jóvenes suman 12.741 millones de euros, sólo el 3% del total, 15 veces menos que el gasto en pensiones.

Muchos compartimos seguramente el aforismo central que subyace en este asunto: la calidad de una democracia puede medirse por el tratamiento que otorga a sus mayores. Sería una iniquidad que quienes se han jubilado después de varias décadas de servicio a la comunidad tuvieran que conformarse con una pensión escasa, que, por añadidura, va decreciendo año tras año, por lo que su nivel de vida se iría degradando fatalmente a lo largo de la pendiente vital hacia la terminación.

Podría sugerirse que el problema tiene una fácil solución: subamos las pensiones más bajas y congelemos (o subamos en menor cuantía) las más altas. La sugerencia tiene un problema: la cuantía de las pensiones está asociada a la contribución que el trabajador ha aceptado prestar durante su vida laboral, por lo que si no mantenemos la gradación de las prestaciones, nadie elegirá pagar más cuota para financiarse mejor la vejez.

Por añadidura, la situación nos enfrenta con un inquietante círculo vicioso: estamos invirtiendo grandes cantidades de recursos en financiar pensiones mientras los jóvenes se encuentran en caída libre, en una creciente situación de postergación y dificultad (según un análisis de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, los españoles de entre 18 y 35 años cobran hoy salarios hasta un 50% más bajos que los trabajadores de la misma franja de edad en 1980). Es decir, que invertimos cada vez más en pensiones mientras abandonamos a su suerte a quienes en realidad tendrían que financiar el sistema: los jóvenes, actualmente condenados a un infecundo mileurismo, sin posibilidad de emanciparse ni de adquirir una vivienda digna ni mucho menos de mantener una razonable tasa de natalidad.

Lo antedicho indica que es preciso mantener ciertos equilibrios entre la masa salarial del país y el gasto en pensiones. Lo que debe ser intensa y permanentemente debatido en el seno del Pacto de Toledo, no de forma precipitada sino mediante un bien meditado acuerdo de Estado que tenga virtual valor constituyente.

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