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Ramón Aguiló

Escrito sin red

Ramón Aguiló

Gasolina para la remontada

Los presupuestos de la CAIB y del Estado son la gasolina imprescindible para la reelección de Armengol y para la remontada de Sánchez. A poco que se les preste un poco de atención, no ya a los mismos, sino a la irresistible prosopopeya espartaquista que los acompaña, se descubre esta intencionalidad, por otra parte, confesada por el propio Sánchez: vamos a ir a por todas. Y a fe que debe ser una de las pocas ocasiones en que se ha constatado su cumplimiento. Los antiguos camaradas de la ceja de Zapatero se han sumado con entusiasmo. Penélope Cruz ha declarado rotunda: «Quien más tenga, más pague». Quién podría estar en desacuerdo. Pero este eslogan no define la acción del Gobierno, porque, que yo sepa, al menos desde la reforma fiscal de Ordóñez, y salvando a los defraudadores, siempre ha sido así en el IRPF, no hablemos ya del impuesto de patrimonio. No, de lo que se trata ahora es de que, además de pagar más que quien menos tiene, a las clases medias y a las altas se les exige un pago adicional. Seguro que no es adecuado hacerlo a ambas. En todo caso me parece lamentable que tanto Sánchez como Armengol alardeen de ayudas a las clases medias trabajadoras (como si las hubiera que no lo son; hay algunas, los pensionistas con pensión superior a los 21.000 euros) cuando no solamente se las excluye de las ayudas, sino que, al no deflactar los tramos del IRPF que les afectan, se les aumentan de hecho los impuestos a pagar. Entre las autonomías gobernadas por el PSOE, la valenciana, por boca de Ximo Puig, al deflactar los tramos a ingresos inferiores a los 60.000 euros, es la que considera clases medias a la que ingresan entre los 30.000 y 60.000 euros; compensando el mayor IRPF por el incremento de sueldos impulsado por la inflación, con mayor compensación para las rentas menores, menor para las superiores y ayudas suplementarias para las rentas inferiores a los 30.000 euros. Deflactar los tramos del IRPF a la clase media no supone bajar impuestos, no hacerlo implica un incremento encubierto. En eso está el Gobierno, engañando.

El cinismo de Armengol es parejo al de la ministra Montero. Destina 200 millones en ayudas de 600 euros para desempleados y fijos discontinuos (54 m en total), ayudas de 250 para las hipotecas, bonificaciones para transporte público y el tren de Llevant. A continuación, afirma que con ello ayuda a un millón de residentes, el 80% de la población, favoreciendo a la clase media y trabajadora. Como estrambote concluye con gran solemnidad que no anteponen los beneficios del 1% a las vidas del 99%. A ver quién supera a Armengol en cinismo. ¿Cómo se puede ser tan demagogo comparando beneficios económicos con vidas humanas, nada menos que las del 99%? Lo cierto y seguro es que Armengol no sigue la línea de Puig, tampoco la de Page y sí la de Sánchez, la de no deflactar los tramos del IRPF para las clases medias, las que, no solamente no ven rebajados los impuestos cuando el Estado recauda más que nunca por el alza de precios, sino que se les aumentan. Es una opción legítima. Lo que es ilegítimo es engañar a los ciudadanos.

El proyecto de presupuestos pactado entre las dos fuerzas del Gobierno (a expensas de las negociaciones con ERC, EH Bildu y PNV) prevé recaudar 113.000 millones dejando sin bajada fiscal (deflactando tramos) a las clases medias. Supondrá un total de 244.072 millones en ingresos tributarios, lo que supone un incremento del 7%, 18.710 millones, de los cuales 8.000 millones provendrán del IRPF. El ejecutivo prevé un incremento de las pensiones del 8,5% para 2023. Es decir, el Estado incrementa el poder adquisitivo a los colectivos con renta asegurada y olvida a los más inseguros, en vez de focalizar las ayudas en las capas sociales más débiles. El mundo al revés. En lugar de ser los hijos los que ayudan a sus padres en la vejez son ellos los que requerirán el auxilio paterno. ¿Qué futuro le espera a un país en el que la dinámica económica está en los pensionistas y no entre las generaciones jóvenes? Uno de cada dos euros del presupuesto va a pagar pensiones, funcionarios y los intereses de la deuda. Según el Gobierno el PIB crecerá en 2023 el 2,1%, mientras la OCDE vaticina el 1,5 y el Banco de España un 1,4%, con lo que las previsiones de crecimiento económico y, por tanto, las del presupuesto pueden verse seriamente comprometidas. Entre otras cosas porque la demanda externa (el turismo) está amenazada por una posible recesión en Europa, singularmente en Alemania.

En una situación nunca vista en casi cuarenta años, una inflación del 8,5%, el Gobierno se dispone a aprobar el presupuesto más expansivo de la democracia. Se propone el bienestar social, una inversión pública motor de la privada y el control del déficit al 3,9%. Se aumenta el gasto social, un 60% del total, gracias a los fondos europeos y al aumento de la recaudación fiscal, posible esta última por el crecimiento del empleo, la no deflactación del IRPF a las clases medias y altas y el impuesto a las grandes fortunas. Si el gran problema es la inflación no puede ser nunca la receta para atajarla un proyecto expansivo que, lo que hace, es echar gasolina a la misma. Las recetas clásicas para evitar el empobrecimiento que causa la inflación son, en primer lugar, las ayudas directas dirigidas a las clases más vulnerables, en segundo lugar, deflactar el impuesto a la renta a las clases medias, deflactando más a las menos pudientes y concentrar el esfuerzo impositivo en las clases altas. El desastre de Liz Truss en R.U. ha consistido en deflactar también a los más ricos. El resultado ha sido el hundimiento de la libra por el temor de los mercados a que el país no fuera capaz de afrontar la escalada de la deuda necesaria para mantener el gasto público.

La manguera de dinero con la que Sánchez va a rociar a pensionistas y funcionarios para aferrarse al poder no se puede alimentar sólo con el grifo de las clases altas, que también tiene un límite, por eso no deflacta el IRPF a las clases medias. El cinismo estriba en su proclama a favor de ellas al mismo tiempo que las exprime. La cuestión consiste en saber si los efectos de las ayudas (mediatas) y su propaganda, la gasolina, serán capaces de seducir a la ciudadanía antes de las elecciones locales y autonómicas. Si no lo consiguen, el siguiente en caer, en las generales, será Sánchez.

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