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Antonio Papell

Cinco años después

Acaban de cumplirse cinco años del intento soberanista de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña sin cumplir los requisitos que la propia Constitución establece. Como es bien conocido, los expertos jurídicos del bloque independentista, formado por la posconvergencia, Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP, idearon un procedimiento espurio que arrancaba con la promulgación de dos leyes autonómicas de desconexión —la ley de transitoriedad jurídica y la ley del referéndum— y desembocaba en la celebración de una consulta el 1 de octubre. El 17 de septiembre, el tribunal constitucional anuló ambas leyes en una sentencia histórica que negaba a Cataluña el llamado derecho de autodeterminación. Y el 1 de octubre se sacaron las urnas en una jornada infausta que registró altercados felizmente incruentos pero muy desagradables, que alcanzaron repercusión internacional. Era evidente que fuera cual fuese el desenlace de aquel desaguisado, se habían sembrado semillas de discordia que serían muy difíciles de extirpar en un futuro que se adivinaba inquietante y convulso.

No es este el lugar para pasar revista a las causas profundas que llevaron a una Cataluña a aquella posición extrema, y el resto de la historia es conocido. Por una parte, el Estado decidió aplicar el artículo 155 C.E. para suspender la autonomía de Cataluña (el Senado dio su preceptivo visto bueno el 27 de octubre) y la Justicia inició el procés contra quienes habían ignorado las reglas del Estado de Derecho para tratar de dar rienda suelta a sus pretensiones separatistas. Fueron juzgados y condenados por sedición los principales cabecillas de la intentona, que entraron en prisión a cumplir importantes penas. Puigdemont y otros participantes en aquella acción levantisca optaron por expatriarse. Y todavía hay abiertas algunas causas que tratan de depurar determinadas responsabilidades secundarias.

Lo más grave de aquella disparatada decisión rupturista fue sin embargo la fractura económica y social que se produjo. Una sociedad catalana, acostumbrada desde siglos atrás a conciliar las dos almas históricas y lingüísticas que le han caracterizado desde tiempos inmemoriales, se rompió en dos mitades y comenzaron a mirarse con recelo. Y millares de empresas, temerosas de los efectos de la inseguridad jurídica que había deparado el intento de ruptura, trasladaron su sede social a otras comunidades autónomas, lo que asestó un duro golpe al tejido socioeconómico catalán.

Cuando el devenir de una colectividad registra un incidente de esta envergadura, que hace temer un largo periodo de profunda enemistad en los distintos atrincheramientos colectivos, lo sensato es aliviar en lo posible las tensiones políticas y sociales. Y en este caso, el único medio efectivo de relajar la ira, el resentimiento y el miedo que afectaba a gran parte de la sociedad catalana era conceder el indulto a los encarcelados del procés. Así lo hizo la mayoría de izquierdas que sostiene al gobierno, y el resultado no puede haber sido más alentador: en la actualidad, tan solo el nacionalismo conservador y la ultraizquierda radical mantienen el unilateralismo y el afán de ruptura a toda costa, aunque se violente otra vez la legalidad democrática establecida. El nacionalismo progresista, en cambio, no ha eliminado de su ideario el independentismo pero sí ha regresado al terreno de juego democrático. ERC, invitada por el gobierno a abrir un diálogo constructivo para resolver por procedimientos civilizados todos los diferendos existentes, se ha prestado a lo que en la práctica es una renuncia expresa al unilateralismo y la disposición a gestionar sus objetivos dentro de la ley vigente. De hecho, la coalición gobernante en Cataluña entre JxCat y ERC se ha vuelto inviable, lo que significa que solo un hemisferio del soberanismo persiste en la tesis de la separación a cualquier precio.

El camino de la normalidad apenas se ha iniciado, por lo que todavía habrá que recorrer un largo trecho hasta recuperar el «oasis catalán» perdido. Ello se facilitará mediante la revisión del delito de sedición en el código penal y, desde luego, no ayuda en absoluto la actitud de andaluces y madrileños que tienden puentes fiscales a las empresas de Cataluña para que abandonen su territorio. Pero los catalanes son listos y saben que no deben ponerse en manos de desaprensivos que siempre han antepuesto su propio interés a las necesidades reales del país.

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