La ley de medidas urgentes para la sostenibilidad y circularidad del turismo en Balears había abierto un camino esperanzador para el sector primario que se ha visto truncado de manera incomprensible por el Gobierno de Pedro Sánchez con su advertencia de inconstitucionalidad al ejecutivo de Francina Armengol. La norma, conocida como ‘Ley Negueruela’, pactada con los sectores implicados, decreta que los establecimientos turísticos deben garantizar un mínimo del 3% de consumo de productos frescos agrarios, ganaderos y pesqueros que tengan su origen en Balears. Este porcentaje debe llegar al 4% en el caso de alojamientos de cuatro y cinco estrellas y al 5% en los agroturismos. Madrid, en principio, no pone pegas a estos porcentajes por apreciar que «son bastante reducidos». Considera que estos cupos pueden sortear las exigencias legales nacionales y europeas relativas a la libre circulación de mercancías y de unidad de mercado, ya que estos principios que rigen la economía liberal de nuestro entorno contemplan también excepciones siempre que concurran motivos de interés general y que las medidas acordadas sean necesarias, idóneas y proporcionadas.
La desavenencia surge cuando se quieren compensar esfuerzos superiores de empresarios turísticos que incrementen esos porcentajes de oferta de producto local en sus negocios y cuando se deja la puerta abierta a posibles revisiones futuras al alza. A las ministras de Política Territorial, Isabel Rodríguez García, y de Turismo e Industria, Reyes Maroto, les parece un despropósito que se conceda un distintivo y una promoción prioritaria en materia de turismo sostenible y responsable a los establecimientos que ofrezcan el 10% de producto local porque «vulnera el principio de igualdad y no discriminación de los operadores económicos». No se entiende que en un mundo plagado de sellos de calidad de toda índole, se repruebe uno que reconozca algo tan plausible como ofrecer a los visitantes lo que haces en casa por considerar que es un privilegio y discrimina al resto de operadores. Se entiende menos todavía que el criterio de mercado sea el único que impere en un momento de urgencia climática, de apuesta por el consumo de kilómetro cero, de llamadas a la reducción de emisiones. Tiene toda la razón el presidente de la Associació de la Producció Ecológica de Mallorca (Apaema), Miquel Coll, cuando afirma que «tiene que haber libre competencia, pero no tiene sentido traer comida de la otra punta del mundo con tantos costes ambientales y energéticos». Es deseable que las negociaciones entre ambos ejecutivos progresistas y de supuesta sensibilidad medioambiental permitan alcanzar una solución que se ajuste a Derecho, que ofrezca esperanza al sufrido sector primario y que afiance un camino de sostenibilidad real.
