Los españoles desconfían de la Justicia y hasta reniegan de ella. No hay barómetro del CIS en el que la Administración de Justicia no salga malparada. Pleitos tengas y los ganes, dice la maldición.
Trámites farragosos, lentitud exasperante, lenguajes crípticos, esperas interminables pese a contar con citaciones precisas de hora y lugar. Son el pan nuestro de cada día de los juzgados y los tribunales.
Para colmo de males algunos jueces y magistrados (escasos en relación al total de la judicatura) han colocado a la Justicia a la altura del betún con sus prevaricaciones y cohechos.
Resulta así difícil, y hasta contracorriente, salir en defensa del colectivo de jueces y en especial de aquellos que trabajan con pico y pala, a pie de calle. He vivido muy de cerca este servicio público desde 1984 y mi valoración sobre sus principales protagonistas es buena.
Ángel Reigosa, el fallecido expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, nos daba todos los años la memoria judicial en bloque y en mano (no tenía Gabinete de Prensa). «Ahí tenéis, coged lo que queráis», nos decía. Y nosotros fotocopiábamos lo que nos apetecía. En aquellos legajos siempre había un clásico: la falta de medios humanos, materiales e instalaciones.
Han pasado décadas y estos tres déficits perviven e incluso se han agravado con la implantación de las nuevas tecnologías. Cualquiera que visite los juzgados, sea como justiciable o como profesional, sabe que el expediente digital es una pesadilla oscura, que las oficinas judiciales son pequeñas, están dispersas por la ciudad y carecen de espacio para preservar la intimidad en ciertos trámites. Capítulo aparte es la precariedad en materia de personal. Balears es un destino muy caro y los funcionarios peninsulares que obtienen aquí plaza salen pitando en cuanto pueden. Los huecos se cubren con interinos, a los que se cesa en cualquier momento y que tienen que dejar su puesto cuando ya habían conseguido dominar la materia.
Las notificaciones digitales son otra vía de agua en la Justicia. A diferencia de otras administraciones, como Hacienda, los jueces y los letrados de la Administración de Justicia carecen de un sistema de comunicaciones ágil, sólido y fiable. Tampoco existe una red única con el resto de organismos judiciales españoles, ni los canales con la Policía (todos los cuerpos) son adecuados, rápidos y seguros.
Pese a todas estas disfunciones, cientos de jueces en toda España se afanan en llevar al día su juzgado o sala y en aplicar la cambiante y compleja Ley con sentido común, como recomienda el magistrado jubilado José Castro. Para ello cuentan con la ayuda indispensable de los letrados de la Administración de Justicia, en realidad letradas porque casi todas son mujeres.
No se debe olvidar aquí la existencia de funcionarios de Justicia vocacionales, que ordenan el caos con su experiencia y se desviven por atender a los ciudadanos. Como en todas las casas, también hay ovejas negras.
Menú aparte es el Consejo General del Poder Judicial, en crisis desde hace años, por culpa del PP. Eso es harina de otro costal.
