El Pleno Extraordinario del Congreso de los Diputados del pasado 25 de agosto convalidó el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. Las y los autónomos son una pata esencial de la estructura socioeconómica de este país. Sin duda la reforma del sistema de cotización de los autónomos era urgente y necesaria. Por ello debemos alegrarnos y apoyar una reforma que ha salido con el acuerdo de las principales asociaciones de autónomos que la calificaban como «el mejor acuerdo posible» y llamaban a la votación responsable de los grupos parlamentarios de la que solo se descolgaron VOX y Ciudadanos. Todo ello explica el sabor agridulce que de nuevo se le queda al sector del campo.

Dentro de los más de 3,3 millones de autónomos y autónomas, se encuentran los 260.000 autónomos agrícolas a los cuales, esta reforma también les afecta. La realidad es que ASAJA fue la única patronal que se abstuvo en la votación en la que la CEOE decidió el apoyo a la propuesta. La Unión de Uniones ha salido con importantes críticas en lo que se refiere a su impacto en las prestaciones sociales y el resto siente que no se ha profundizado en los problemas específicos y singulares de los autónomos agrarios y que la reforma supone una oportunidad perdida. De nuevo, las organizaciones se quejan de la falta de interlocución específica con los representantes del sector y que es fruto de la rigidez de la estructura de un diálogo social que les deja fuera permanentemente en estos asuntos.

Lo cierto es que la historia de cómo se ha estructurado la cotización de los agricultores en España es tan compleja que se les escapa a muchas dirigencias sindicales y sociales ajenas al mundo agrario, al igual que a mucho del personal técnico del Ministerio. La Ley de Reforma del Régimen de la Seguridad Social, que entró en vigor el 1 de enero de 2008, creó el conocido como SETA (Sistema Especial de Trabajadores Agrarios) que incluyó en él a todos los agricultores que cotizaban en antiguo Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y que pasó a estar integrado en el RETA (Regimen Especial de Trabajadores Autónomos). La reforma fue positiva y con ella se dio un salto cualitativo en el reconocimiento e igualación de todas las pensiones y prestaciones en el campo. El problema es que se creó un doble sistema para el sector. Los agricultores podían elegir entrar al sistema de la Seguridad Social a través del RETA o a través del SETA. Mientras que en el RETA se cotiza al 28,30%, a través del SETA las cuotas eran más bajas cotizando a un tipo del 18,75% por una base mínima para contingencias comunes para luego y de manera voluntaria, incrementar la cotización por otros conceptos o ampliar la base y por tanto la cuota. El resultado a lo largo de los años es que los niveles de cobertura, las prestaciones y las pensiones resultantes de cada uno de los sistemas son desiguales. La principal condición para entrar a través del SETA es que los rendimientos anuales netos obtenidos de la explotación agraria no superen el 75% de la base máxima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. El resultado es que de los 260.000 autónomos agrícolas, alrededor de 200.000 cotizan en el SETA. De los 2.660 autónomos agrarios de las Islas Baleares, 1.193 están en el SETA. La realidad es que sigue entrando gente a través del SETA y en concreto por ejemplo, muchos jóvenes que se incorporan al campo. La reforma debería haber aprovechado la ocasión para avanzar en la equiparación de los niveles de prestación.

Sin duda lo absolutamente positivo de la actual reforma es el nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales a partir de 15 tramos con cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y que variarán hasta 2025, en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia. Los autónomos tendrán la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año y de su actividad profesional. Los cálculos aplicados al sector agrario es que los autónomos que tienen ingresos bajos y están clasificados en cualquiera de los primeros dos tramos experimentarán un ahorro en la cuota, los del tercer y cuarto tramo, de 898,69 a 1.300€, no notarán la diferencia y a partir del quinto tramo la gran mayoría tendrán que pagar más a la Seguridad Social sin que exista una clara mejoría en las prestaciones sociales sobre todo de los tramos más bajos.

La última duda se refiere a la excesiva burocratización que puede provocar el modelo de rendimientos netos al no tener en cuenta que los ingresos de la agricultura son muy poco estables e incluso impredecibles dependiendo del resultado de las cosechas, del coste de los medios de producción, de los mercados, del momento en el que se efectúen las ventas, de las subvenciones de las inversiones que se hayan hecho, entre otros muchos factores. El temor es que cada año la mayoría de los agricultores y ganaderos verán corregida su base y cuota de cotización, al alza o a la baja, cuando la Agencia Tributaria comunique a la Seguridad Social el rendimiento neto obtenido en la declaración del IRPF.

Conclusión Inicial. Pues que en lo que se refiere al sector agrario habrá que esperar y ver.