La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, ha salido indemne del test de drogas al que se ha sometido después de que trascendiera un vídeo suyo mientras salía de fiesta subido a internet por unos amigos. También se ha filtrado otra imagen de la première finlandesa abrazada en actitud cariñosa con quien dicen es un conocido cantante local, además de una fotografía donde se aprecia a dos amigas de Marin besándose y ocultando el pecho descubierto con un cartel que pone Finlandia, esta vez en Kesäranta, la residencia oficial de la jefatura del Gobierno. A la vista de los hechos, Sanna Marin no debe cambiar de hábitos, sino de amigos, colegas impetuosos de pulgares rápidos que no pueden contener el impulso de subirlo todo a las redes. La peor oposición para un político no es el partido rival, sino ese círculo íntimo incapaz de poner freno a su vanidad y empeñado en ser el primero en decirle al mundo: «Yo estaba allí».
Si algo puede reprocharse a Sanna Marin no es que salga de jarana en su tiempo libre, pero sí que utilice la residencia oficial, porque si la disculpamos en esa veleidad habría razones para romper la unanimidad con que toda Europa juzga a lo lejos a Boris Johnson. Dicho lo cual, más allá de los bailes, más allá de los besos en el cuello y la cazadora de cuero; más allá de que dos amigas suyas se encierren en los aseos de palacio para hacerse un selfi ocultando el pezón, lo más llamativo del caso Marin sigue pareciéndome la naturalidad con que los gobernantes de algunos países asumen la fiscalización a la que les someten sus oponentes, por extrema que sea. Una formación populista exige a la primera ministra que se haga una prueba antidoping y esta se la hace, y no pasan ni dos días, y sale negativo y aquí paz y después gloria, sin caer en nuestro tradicional «y tú más», mediante el cual, en España se engordan los bombardeos entre Gobierno y oposición, siempre precedidos de las trompetas de Jericó con que los partidarios de unos y otros acaloran la batalla de la opinión pública.
A muchos les ha parecido una exageración lo del test de droga finlandés, quizá porque no acabamos de creernos que las instituciones democráticas representan literalmente a su ciudadanía. En España, un 11,2% de la población de entre 15 y 64 años ha consumido alguna vez cocaína, según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Cada país conoce a sus diputados por su gestión y por sus declaraciones, aunque nada sabemos de su vida privada. En cualquier democracia modélica que nos venga a la cabeza, un político puede ser brillante, lustroso en la oratoria y honrado en la gestión, y transformarse en su casa en un perro venido del infierno. Como espejo de la sociedad que los elige, entre los parlamentarios hay gente buena y mala, personas altruistas y personas execrables, diputados y diputadas que un domingo por la mañana se encaraman a un árbol para salvar a un gato y representantes públicos capaces de cometer actos reprobables cuando no están las cámaras.
A finales de 2021 se pasó el algodón por los urinarios del Parlamento británico. En 11 de los 12 aseos que se inspeccionaron se hallaron trazas de cocaína, lo que obligó al presidente de la Cámara de los Comunes a informar a la policía. El recinto parlamentario disponía incluso de su propio camello, y según The Sunday Times, dos personas llegaron a ser detenidas el año anterior por venta y 13 por posesión de drogas «dentro o en el entorno» del Parlamento.
En España, los amagos de control similares a los del Reino Unido o Finlandia han sido infructuosos. Se puede hacer si algún grupo lo pide oficialmente, como ya ha sido el caso. Compromís planteó en 2018 realizar controles de droga y alcohol -también de explosivos- en los accesos al Senado. El entonces presidente, Pío García-Escudero, rechazó la petición porque podía ofender la «dignidad» de los senadores. Dos años más tarde lo hizo Vox al plantear que se controlara el consumo de sustancias entre sus señorías del Congreso si -como también había reclamado Compromís- prosperaba la petición de conocer por qué Santiago Abascal tenía permiso para portar armas cortas. Fuegos de artificio. O balas de fogueo. Nada de ello prosperó. Visto lo de Sanna Marin, quizá debamos reflexionar sobre las distintas velocidades a las que avanzan las democracias occidentales, y no porque sus dirigentes se sometan a un test de drogas, sino por la inmediatez con que resuelven cualquier sombra de sospecha sobre su comportamiento.
