Un estudio de Terraferida, dado a conocer esta semana, cuantifica un fenómeno que salta a la vista en toda la isla: la alta proliferación creciente de piscinas particulares, tanto en espacios urbanos como rurales. El recuento aéreo realizado por el grupo ecologista arroja unos resultados, todavía provisionales, según los cuales en Mallorca se habilitan piscinas de obra al ritmo de 17 a la semana o, lo que es lo mismo, 880 al año. Si, según la misma evaluación, en los últimos 6 años se han construido 5.271 piletas, ahora mismo puede haber 49.000 esparcidas por toda Mallorca. Solo en Santanyí, municipio a la cabeza de esta vorágine, se han inventariado 400. A todo ello hay que sumar todavía las instalaciones desmontables. Terraferida ha reaccionado a este ‘boom’ pidiendo la prohibición explícita de nuevas piscinas y el GOB, por su parte, aboga por el blindaje de los usos esenciales del agua.

La piscina, hasta hace poco un recurso excepcional ligado a viviendas de recreo de grandes dimensiones, se han vuelto un medio común y generalizado. Hoy están por igual en los patios de corral de las casas de pueblo, los adosados de las urbanizaciones y las casas de aperos de fora vila transformadas en chalés. Un tercio del total de piscinas de Mallorca se localiza en suelo rústico. No podemos olvidar que tal sobreabundancia se ha desplegado en un contexto creciente de sequía y emergencia climática. Cabe, por tanto, reaccionar en consecuencia y aplicar la racionalidad teniendo en cuenta el factor territorial, el hecho insular y los recursos hídricos disponibles. Tiene poco sentido que todas las casas vacacionales tengan piscinas privadas. Las posiciones individualistas y la avidez de negocio rápido pueden conducir a un camino de no retorno.

Al conocerse los datos desvelados por Terraferida se han oído voces desde el Consell que situaban sobre los ayuntamientos la responsabilidad de limitar y controlar la construcción de piscinas. Un decreto de 2020 solo permite una por finca rústica con un volumen máximo de 60 metros cúbicos. En teoría, el Plan Hidrológico, que puede entrar en vigor a finales de año, será el encargado de regular la situación.

Pero, al margen de leyes y normas, se impone la imperiosa necesidad de actuar con racionalidad y el sentido común. Una piscina a pocos metros del mar es evitable. Convendrá, además, incentivar las instalaciones públicas en detrimento de las privadas y en pro de los beneficios que reporta la natación. Una ciudad como Manacor tiene hoy su piscina municipal cerrada y su reapertura se da por inviable, una situación difícil de casar con la utilidad de las infraestructuras públicas. Sea como sea, lo que no se puede perder de vista en modo alguno es que los recursos hídricos van a la baja en Mallorca mientras crece sin cesar la presión demográfica. Y eso no se arregla con piscinas a discreción.