Dado que la postura de este artículo parece contradictoria, conviene detallarla antes de empezar. Una primera ministra de Finlandia acumula tantas responsabilidades y privilegios que su participación transmitida en vídeo en una fiesta no es adecuada. Punto y seguido. Sanna Marin nunca debió aceptar un test de drogas por el mismo motivo, porque trivializa su papel institucional en pleno conflicto prearmado con su vecino ruso. Si un finlandés alberga dudas sobre la integridad farmacológica de su principal líder, que no la vote.
Los integristas de la sinceridad y la espontaneidad olvidan la existencia de protocolos que cuadriculan la vida de un primer ministro. Un gobernante es responsable de su imagen hasta extremos que serían intolerables en un ciudadano normal, por los mismos argumentos que le permiten decidir sobre la vida de sus súbditos al afiliarlos por ejemplo a la OTAN, quebrando la centenaria neutralidad finlandesa. Cuesta imaginar que la mayoría de compatriotas de Sanna Marin aprueben su comportamiento festivo, pero el dilema fundamental ni siquiera exige someterse al escrutinio colectivo, se resuelve en una sola cuestión, ¿asistiría la primera ministro finlandesa esta noche a una fiesta similar?
De hecho, solo el pánico a perder el cargo explica el sometimiento de Marin al test que debe decidir si en el vídeo se hablaba de cocaína con conocimiento de causa. Con esta decisión purificadora, no solo ha arruinado la distancia protocolaria que exige su posición, sino que inflige un daño tremendo a la ciudadanía europea. Si un gobernante se ha sometido dócilmente al escrutinio narcótico, quién pretenderá librarse de la medida orwelliana.
En los tiempos en que las drogas eran un problema, se comentaba que los test antidopaje no deberían llevarse a cabo en el deporte, sino en los parlamentos. Es curiosa la presunción adicional de que un gobernante puede autentificarse sin complejos en su horario de ocio, siempre que a continuación se someta a un test de alcoholemia. En su ímpetu liberador, la primera ministra ha inventado una nueva variante del pasaporte farmacológico.
En España tenemos un ejemplo muy concreto de lo que sucede si se da rienda suelta a la vida privada de un gobernante, y se llama Juan Carlos I. Quienes apoyan los desahogos de Sanna Marin con publicidad, porque una gobernante es responsable de la propagación de los actos en que interviene, suelen coincidir con los partidarios de un confinamiento vírico dictatorial, y de que las autoridades de la carretera husmeen en el interior de los vehículos sin necesidad de la apariencia de delito. En su curiosa interpretación, únicamente los primeros ministros son dueños del desenfreno en su esfera íntima. Y como decía Karl Lagerfeld, «solo el cinco por ciento de mi tiempo es vida privada».
Sanna Marin no debió arriesgar su imagen en la fiesta de marras, ni mucho menos someterse a la prueba de limpieza de sangre para ahuyentar la polémica. En este punto, los partidarios de la catarsis selectiva recuerdan que es injusta la comparación con Boris Johnson, porque el premier británico se fue de juerga en pandemia. Omiten que la primera ministra finlandesa ya pidió excusas por protagonizar otra noche de discoteca en plena covid, y tras haber sido contacto estrecho, olvidando además su teléfono oficial. Por tanto la exculpación de unos y la incriminación de otros es previa a la juerga a debate.
Todos los países mejorarían si sus primeros ministros solo trabajaran de diez de la mañana a cinco de la tarde, pero nadie llamaba antes hipócrita a quien se ponía una camisa cuando llamaban a la puerta, por una elemental regla de decoro. Ya solo queda rebatir el argumento geoestratégico, que coloca a Putin tras la descalificación de su engorrosa vecina. Esta atribución se efectúa con notable ligereza por los cazadores de fakes, que jamás insinuaron que el zar derribara a Boris Johnson por haber sido el primero que envió su arsenal en auxilio de Ucrania.
