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Diario de Mallorca

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Luis Sánchez Merlo

La tercera instancia

¿Menor judicialización vs mayor impunidad?

Ilustración: La tercera instancia. Pablo García

En un corto periodo de tiempo se han sucedido hechos relevantes: el relevo en la fiscalía general del Estado; la sentencia de los ERE, seguida de la reacción coral del Ejecutivo y el partido doliente; las secuelas del fallo, que no han tardado en aparecer, y la desjudicialización del conflicto político, tema prioritario para los soberanistas, que buscan sacar el problema catalán de los tribunales y convertirlo en simple divergencia ideológica.

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Por orden de aparición en escena: el Ministerio Público. El cambio en la fiscalía general del Estado en tanto se mantiene el juicio invariable sobre la idoneidad y neutralidad del heredero.

En una de sus primeras actuaciones, presentada como «convocatoria a la junta de fiscales para pactar un criterio», la terminología ha jugado una mala pasada, porque con la junta de fiscales no se pacta nada. El fiscal general del Estado convoca a su máximo órgano asesor para ser informado de la trascendencia jurídica de una decisión, no para contemporizar y pactar el criterio institucional del ministerio público en un proceso. Una y otra vez, el tosco manejo del lenguaje termina por confundir al común de los mortales.

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Cuando el Tribunal Supremo, con leves cambios, ha confirmado el fallo de la Audiencia de Sevilla y sin haberse hecho pública la literalidad de la sentencia de los ERE, los espontáneos defensores, en un ejercicio acompasado y urgente, han defendido la inocencia de los condenados echando mano de un exordio con el que atemperar la gravedad de los hechos: «Es un hombre honrado», que alfombra la indulgencia, y nos recuerda aquel: «Sé fuerte Luis».

Estas tendencias metastásicas del poder político —propagación de un foco cancerígeno a un órgano distinto de aquel en que se inició—terminan cargándose el principio de proporcionalidad y tienen efectos adyacentes.

Cuando el Gobierno —al anticipar futuras condonaciones— tantea la rebaja de las penas de sedición, se expone a que otras instancias europeas se echen las manos a la cabeza, musitando algo así como «a los jueces españoles se les fue la mano», con los 13 años —pena superior a las previstas para el delito de homicidio— que el Tribunal Supremo impuso a los condenados en el juicio del procés.

Al activar la tercera instancia, con ánimo de contentar a socios y colegas y relajar la tensión, la normalización —desde el máximo nivel institucional— de actos graves como la sedición y la corrupción, va consolidando otra singularidad del sistema procesal español.

Con un mínimo común denominador: la perseverancia reincidente. Cuando al Gobierno no le prestan las sentencias del Tribunal Supremo (TS), convierte su facultad de indultar y de modificar la normativa apaciguadora en su última palabra.

Pero lo grave no es que ese fenómeno se produzca, sino que la sociedad española, siga instalada en la ‘politique du pire’ y haya medios que lo blanqueen. Y cuando se arguye: «Esto solo lo puede arreglar el Gobierno con un indulto» se alaban las bondades de un sistema de corrupción institucionalizada, al tiempo que se lamina la credibilidad del Alto Tribunal.

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La cuestionada sentencia del procés inauguró, con estrépito, la tercera instancia, con el indulto a los condenados, haciendo caso omiso de los taxativos informes del Supremo y la Fiscalía insurrecta.

La atribución —a la Sala Segunda del TS— de haber querido ‘vender la teoría de la ensoñación’ no deja de ser un reproche a los procesados. Ningún tribunal puede meter 13 años de cárcel a alguien por soñar. La gravedad de los hechos era evidente y la ensoñación —como quimera— no la debilita. El pueblo catalán se ha dejado trolear. Por la vía de hecho y la desobediencia gandhiana, ningún pueblo ha conseguido la independencia.

Mientras unos tiran por la calle de enmedio y prefieren apuntar al fracaso del Estado de derecho, pues consideran que se minimiza la trascendencia de lo que sucedió; otros la consideran una respuesta marcada por la «estratégica lenidad» de los jueces del TS y anticipan que carece de la consistencia necesaria para superar el paso por Estrasburgo.

En el caso de los ERE, la colonización de las instituciones del Estado contribuye a trastocar la narrativa, lo que conduce a garantizar la impunidad de ilícitos, ensalzando — con desparpajo— una «estafa patriótica» (Maite Rico dixit).

Del mismo modo, los ataques a las bases de la convivencia no hacen sino arrastrar al resto de los españoles a la indiferencia. Nada de lo que está pasando podría suceder con una prensa verdaderamente independiente, no dispuesta a blanquear estratégicamente decisiones tan peligrosas para la convivencia. Y eso abre la puerta a otra cuestión cardinal: ¿el «cuarto poder» ya no existe, al fusionarse con el «primer poder», que lo blanquea, mima y exculpa?

Se ha prestado escasa atención al resto de los condenados— consejeros, directores generales, etc., la propia estructura administrativa de la Junta— que volverán a la palestra en la siguiente entrega, que se supone larga, con un centenar de juicios pendientes para aclarar los pormenores de la esplendente malversación de caudales públicos.

Todo delito de malversación impone al fiscal el ejercicio de la acción civil o bien su reserva para activarla ante el Tribunal de Cuentas.

En el juicio catalán, obtenida la firmeza de la sentencia, los fiscales promovieron el juicio contable ante dicha jurisdicción, aunque más tarde llegó la orden —instada desde el Ejecutivo— para desistir de la exigencia de los avales. Tercera instancia.

Este precedente no augura un desenlace reparador para el contribuyente. El pronóstico de los más curtidos es que no se reintegrará «ni un duro» de la cantidad defraudada.

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La mesa de diálogo entre ambos gobiernos ha sido el escenario impulsado, para ‘normalizar’ las relaciones, acabar con la ‘represión’, y acometer la ‘resolución del conflicto’.

Para ello, se precisa otra forma de «desjudicializar» procesos o imputaciones, iniciados ya, contra más de 300 CDR y tsunamis con delitos relacionados con el soberanismo. Y no lo puede hacer sin paralizar y abatir —por decisión política— actuaciones judiciales en curso.

Pero el bodoque precisa de una pinza —entre Ministerio Público y Tribunal Constitucional— en aras de asumir interpretaciones y relecturas de la Carta Magna, que admitan: desde la representación internacional de Cataluña hasta progresos para la materialización de una Agencia Tributaria plenipotenciaria catalana.

Pasando por transgresiones que anulan el español, como lengua vehicular. La negativa del Gobierno —menudo papelón de la otrora prestigiosa Abogacía del Estado— a exigir al Ejecutivo catalán que cumpla el 25 por ciento, demuestra su concepto de la justicia y la preeminencia de la tercera instancia.

De momento, se ha acordado contribuir al fin de la judicialización del conflicto político, garantizando la seguridad jurídica. En definitiva, la consagración de la impunidad para los delitos pasados, presentes y futuros del nacionalismo.

Sus efectos: prescindir de unas normativas, aplicar otras, ignorar los derechos consagrados en la Constitución y saltarse las sentencias de los tribunales para centrar el tiro en la amnistía y la consulta sobre la independencia, que es — en definitiva— lo que les importa.

El Gobierno de la nación acogió a los representantes de una comunidad autónoma, participantes en la mesa de diálogo, como si se tratase de otro país. La forma —peccata minuta— dejaría mucho que desear si no fuera por el cachondeo que se trae la peña con estas cosas, pero esas licencias se terminan pagando caro en las urnas.

¿Superar la judicialización equivale a generar mayor impunidad para los delincuentes relacionados con el independentismo? Esta parece ser la pretensión del negociador soberanista en sus pourparlers con el gobierno de coalición.

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Ha vuelto a invocarse la vieja teoría del apaciguamiento para justificar el apoyo parlamentario. Pero se equivocan los que creen que con el precio político, que se ha pagado por su apoyo, va a lograr apaciguarles. Apaciguar únicamente aumenta las ansias del apaciguado, el cual considera que nunca dejará de obtener ventajas mientras presione.

Al fondo del apaciguamiento, cabe añadir la adopción de medidas —cuidadosamente ocultadas— para evitar la «prisión, el exilio, la inhabilitación, las multas y la multitud de causas abiertas”, vinculadas al ‘procés’.

La deslegitimación del sistema judicial, con una inflamada defensa de la honorabilidad de quienes han delinquido —tanto y durante tanto tiempo— choca con una evidencia y es que las sentencias deben cumplirse. Quienes han intentado echar un pulso a la realidad han acabado de la misma manera.

Para la atrevida estrategia de allanamiento del Estado, los órganos judiciales — junto a las instituciones europeas— son fortalezas difíciles de asaltar.

La tercera instancia es, en definitiva, una palanca valiosa para conseguir objetivos, por aventados que sean, como: evitar la cárcel a condenados, ‘desjudicializar’ la sedición, avalar la libertad de presos con una abultada mochila penal o validar la constitucionalidad de numerosas leyes impugnadas.

Resulta una tragedia que la sociedad española acepte con normalidad que se enaltezca el delito, se respalde al delincuente y el Gobierno se convierta en una tercera instancia llamada a anular las sentencias judiciales que considera contrarias a sus intereses y que sostiene no conectan con el espíritu del pueblo.

Una de las consecuencias más perniciosas del bonapartismo era el «abuso de la fuerza e intento de utilizar los aparatos del Estado para sostener y apoyar las propias orientaciones políticas». Efectivamente, la ocupación partidista de los contrapesos públicos es una tendencia sucesiva a ese concepto patrimonial del poder.

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N del A: En España, existe un sistema judicial de dos instancias, que viene a significar lo siguiente: toda causa es vista en un primer momento por el tribunal competente, dictándose una primera sentencia. Ocurrido esto, dicho caso puede ser recurrido ante la siguiente instancia superior.

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