El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la comparecencia posterior a su despacho con el Rey en Marivent para corregirse a sí mismo y anunciar para el tren y metro de Mallorca la misma gratuidad implantada en los recorridos de cercanías peninsulares. Era una discriminación insostenible, denunciada por el Govern Armengol, que, sin embargo, ha sido pillado por sorpresa al confirmarse la equiparación. Se calcula que unos 240.000 usuarios podrán beneficiarse hasta diciembre de esta bonificación pensada para fomentar el uso del transporte público y que tendrá un coste de 1,7 millones de euros.

La gratuidad temporal del billete de tren va asociada a otros paquetes de iniciativas gubernamentales que pretenden incidir en el ahorro energético y en la sostenibilidad, como pueden ser las limitaciones en la refrigeración y calefacción de edificios públicos y comerciales o la iluminación de monumentos y edificios emblemáticos. El Govern ha puntualizado incluso que sus funcionarios deben apagar la luz y el aire acondicionado cuando salgan a merendar.

Son medidas que, más que a la obtención de un alto grado de eficacia inmediata, tienden a la concienciación ciudadana sobre la conveniencia del ahorro energético ahora que ya apremia el cambio climático, existe una amenaza real de escasez de gas ruso y el recibo de la luz sigue castigando al usuario básico. Limitar los grados de refrigeración o el horario de iluminación de los escaparates tiene mucho de simbolismo y postureo del mismo modo que lo tiene el uso o ausencia de la corbata también escenificado por el presidente Sánchez esta semana durante sus comparecencias en Mallorca. La eficiencia energética debe pasar por medidas más drásticas y eficaces que afecten de lleno a los grandes productores y al compromiso efectivo de la Administración.

De hecho, los sectores comerciales de las islas han reaccionado con actitud de enfado ante unas disposiciones diseñadas desde la Administración Central y que tienden más a la uniformidad que a la realidad social y climática de cada región. No puede ser lo mismo actuar desde la temperatura de Andalucía o Galicia, pongamos por caso, que la de Balears, dicen. Las patronales del comercio no practicarán la insumisión, pero apuestan por un diálogo que se presume necesario y abogan por duplicar el valor de las ayudas para la eficiencia energética hasta alcanzar los 3,1 millones de euros, una cifra que permitiría subvencionar casi la mitad de la medidas que se exigen a las empresas para obtener un consumo energético más sostenible.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que en el caso de Balears, las habitaciones de hotel quedan exentas de limitar la temperatura a 27 grados. También falta saber cómo y quién controlará la aplicación de las disposiciones que se implantan. No puede quedar todo en meras normas para cubrir el expediente o en una cortina que amaga la profundidad del problema.