No hace falta ser un lince para adivinar que la izquierda tiene en España los días contados. Las encuestas lo avanzan, pero, y con independencia de la efectiva presión de los medios de comunicación afines a la derecha, existe un evidente desgaste del PSOE y Unidas Podemos.
Muchos son los temas que van a llevar a la oposición al actual Gobierno (y a otros similares en ayuntamientos y Comunidades Autónomas). Se podrían destacar cuatro, sin un orden de prelación. Estas políticas, mezcladas, están asfixiando al electorado, incluidos sectores que antes escogían a la izquierda. Los votantes están cansados, desengañados y deseosos de un cambio.
Las principales lacras, vías de agua o pecados de los partidos llamados progresistas son las siguientes: un exceso de medidas y legislaciones en favor de minorías y no de la generalidad de ciudadanos; la inflación, el incumplimiento del deber constitucional de promover el acceso a una vivienda digna y la supeditación a los caprichos de las fuerzas nacionalistas.
No seré yo quien critique toda la amplísima batería de reformas legislativas en favor de los machacados durante la Guerra Civil y el Franquismo (aunque, en puridad, debería decirse de los herederos de esos damnificados), de las mujeres potenciales víctimas de agresiones sexuales, de los transexuales y otros miembros de minorías. Son iniciativas loables, pero podrían ser simples cortinas de humo para ocultar que otros problemas, más acuciantes, no se abordan. Es como si tuviéramos un incendio en casa y, en vez de llamar a los bomberos, pidiésemos una pizza por teléfono.
Uno de estos fuegos pavorosos, como los de este verano, es la imposibilidad de muchas personas, especialmente jóvenes, de acceder a una vivienda digna. En Balears esta enfermedad social es ya una pandemia. Los poderes públicos (Govern, consells y ayuntamientos) poco o nada han hecho al respecto. El caso de las nonatas viviendas públicas del antiguo cuartel de Son Busquets de Palma es paradigmático. Hace años que Gobierno central, Govern balear y ayuntamiento de Palma están en manos de la izquierda y los tres han sido incapaces de materializar ese proyecto. Todo han sido promesas, como la última de que antes de final de año estará listo el convenio para poder construir 830 viviendas públicas de alquiler en estos solares. Lo anunció la ministra de Transportes Raquel Sánchez, aunque ya es tarde.
Respecto al trato de favor a los nacionalistas resulta positivo que estos partidos, pese a su radicalismo, participen en la política nacional. Son fuerzas democráticas. Sus escaños son igual de legítimos que los del PP o Vox. No hace muchos años las fuerzas abertzales tomaban posesión de sus actas y seguidamente hacían un corte de mangas a las instituciones. Es mejor que permanezcan en el sistema democrático.
Cosa diferente es la sensación de servilismo que destilan muchas de las políticas de Pedro Sánchez y sus acólitos. La derecha, hábil, vende la letanía de que España se rompe. Muchos la compran.
Por último, la inflación no tiene remedio y será el verdugo de Sánchez.
