Balears ha contado durante siete años con dos consellers de Sanidad, Patricia Gómez y Juli Fuster, que incidentalmente eran pareja de hecho y que se han casado en más de una ocasión según las fotos de los sucesivos ágapes que difunden generosamente. La intención clara del PSOE era que el marido ejerciera de titular del departamento desde la dirección general de IB-Salut, en un reprobable ejemplo de machismo al desconfiar de la mujer que ostentaba el cargo.
Fuster fue elevado a número dos de su pareja en un Consell de Govern, según exige la ley. En la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de la comunidad, se observa que firman todos los consellers, incluida la rúbrica explícita de su entonces pareja y hoy esposa que lo colocaba al frente de la mayor empresa de Balears. Hablando de abstenciones.
La absolución del dimitido director general del IB-Salut no debe buscarse en una sentencia clara y contundente, “máxime cuando la causa de abstención es tan evidente como la que concurría en Fuster”, sino en su nombramiento a cargo del citado Consell de Govern. Si coronas la ligereza de firmar el nombramiento de tu pareja a sangre fría, tienes derecho a sentirte inmunizado frente a posteriores acusaciones de nepotismo.
Fuster cae por la forma y el fondo de su nombramiento, no por el examen en que pese a la participación de su hija, lo dirimió en persona “despachando al participante involucrado con anonimato, es decir, excluyéndolo sin más”. Como se ve, es una mera repetición de la doctrina implantada en aquel Consell de Govern. Quién se atreverá a reprocharte un vínculo familiar que obliga a distanciarse “para mantener los servicios públicos ha cubierto de toda colisión entre intereses particulares y generales”. La conselleria entera ha funcionado durante siete años como un asunto particular.
A Podemos le gustará que se recuerde que protestó con estrépito ante la promoción simultánea de Gómez y su pareja al vértice sanitario balear. La intensidad de las protestas de la izquierda radical amainó cuando Irene Montero y Pablo Iglesias fueron casualmente nombrados miembros de un mismo consejo de ministros, que habían pactado mutua y previamente.
La magnitud de la destitución de Fuster no solo se mide por el gigantismo del IB-Salut en régimen de pandemia. Sanidad no funcionaba en régimen de tanto monta, monta tanto, sino que el médico mallorquín era el auténtico conseller, o mejor el falso conseller, según puede atestiguar cualquiera que haya despachado con el principal departamento autonómico. Esta omnipotencia acentúa la estupefacción de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior al verificar que “no solo no se ha abstenido, sino que ha decidido excluir a un competidor de su hija en el procedimiento selectivo en el que ambos participaban”.
Balears deja de tener dos consellers de Sanidad. El texto que pilla en falso al falso conseller corresponde a Pablo Delfont, uno de los escasos mavericks de la justicia local, el magistrado que emitió un voto particular en la sentencia que autorizaba la farmacia de José Ramón Bauzá reprochando escandalizado a sus compañeros de sala que no aplicaran la ley.
Aunque Fuster lo ha puesto demasiado fácil con su flagrante ilegalidad, resulta curioso que las decisiones traumáticas del TSJ sean siempre contra la izquierda, recuérdese la farmacia condenada de la consellera Aina Salom, aunque la costumbre disminuya el impacto. A cambio, es reiterativo anotar que la abogacía de la Comunidad Autónoma realiza una tarea ímproba para orientar al Govern hacia el desastre. No solo se condena al director del IB-Salut, se rechaza con estrépito la argumentación de su representación jurídica por engañosa. Paga usted.
Siempre se puede empeorar. Por ejemplo, si Fuster no hubiera sido destituido de inmediato al conocerse el tenor, la claridad y la gravedad de una sentencia que digita sin sombra de duda al conseller efectivo. Francina Armengol ha sabido leer la condena o se la han interpretado correctamente, ahora puede valorar si le compensaba el desplante a la ética política que no se inicia en el examen de 2019, sino en los nombramientos de 2017. Los nombramientos por amistad en puestos clave suelen dar mal resultado, ya es algo que la presidenta conserve sus reflejos felinos.
Patricia Gómez no es hoy solo una esposa sumida en la desolación, sino sobre todo una consellera que debió abstenerse en la constitución del primer Govern del Pacto. Y aunque Fuster monopolice la atención como auténtico conseller, algún reproche debería apuntar hacia la responsable de un departamento que no acometió ninguna medida para limitar el daño del nepotismo.
Qué necesidad tenían ambos consellers, la virtual y el real, de enfangarse en maniobras oscuras bajo refugio de anonimato. Olvidaron que la izquierda paga un precio más alto por la corrupción, quizás porque ninguno de ellos es demasiado de izquierdas. Y a quien más daño propicia la injerencia paterna es a una hija excelentemente preparada, pero este asunto debe dilucidarse en el ámbito familiar.
