Cada cierto tiempo, los grupos parlamentarios nos trasladan alguna pregunta referida a la gestión de plásticos de uso agrario. No es un asunto menor. Al contrario, es un tema de enorme importancia para el medio ambiente, y una responsabilidad que los agricultores y agricultoras han ido integrando en el manejo de sus explotaciones y en general, bastante bien. Justo esta semana actualizamos el cálculo de lo que supone en peso y volumen los distintos usos de plástico en la agricultura y ganadería de las Islas Baleares para ir adecuando la respuesta al nuevo marco normativo que se abre con la ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para la economía circular.

Partimos del hecho de que hoy por hoy, el uso de plástico en la agricultura es fundamental para una gran cantidad de operaciones. No hablamos solo de plástico para invernaderos. Hablamos de los túneles, los acolchados, las mallas de sombreo, las mosquiteras, las tuberías y mangas de riego, los depósitos de todo tipo, el plástico para ensilados de forrajes, los semilleros, o las cuerdas y mallas de rafia que atan o revisten las balas de paja. Para que se hagan una idea, en las Islas Baleares manejamos aproximadamente 740 toneladas o 5.174 metros cúbicos de residuos de plástico utilizado en la agricultura cada año. A partir del problema evidente que se genera, la sociedad debe saber que el conjunto de los actores involucrados es consciente del tema, y trabaja en dos líneas de actuación. En primer lugar, reduciendo su uso y generando menos residuos, utilizando plásticos de mayor vida útil, por ejemplo en los invernaderos, o utilizando plásticos biodegradables y compostables, por ejemplo en los acolchados. En segundo lugar, hay que desarrollar un sistema de recogida, selección, reciclado y valorización integral que debe introducir de forma obligatoria, tanto el uso de materiales reciclables en la fabricación de los plásticos agrarios, como el «sistema de responsabilidad ampliada del productor» cuestión que ha incorporado en la nueva ley.

El modelo que tenemos actualmente para facilitar la gestión y apoyo al agricultor es el siguiente. Por una parte, los grandes consumidores de plástico como pueden ser empresas hortofrutícolas, OPFHs, SATs y Cooperativas, tienen contratados sus sistemas de retirada y transporte a través de gestores autorizados. La parte de este plástico que es reciclable tiene un valor positivo para las empresas y los gestores pagan por ello. Para la porción de plástico cuyo valor es neutro o negativo, el coste de este transporte en general a la península puede imputarse como subvencionable en los Programas Operativos del Régimen de Frutas y Hortalizas. Paralelamente, en la Conselleria de Agricultura contratamos desde hace tres años un sistema de recogida y valorización dirigido a las pequeñas y medianas explotaciones. Los agricultores van almacenando el plástico clasificado y organizado por tipos, y separando aquel que es reciclable del que no lo es. Finalmente un gestor autorizado pagado por la Conselleria recoge en las explotaciones todo este plástico no reciclable y a través de un segundo contrato se traslada a TIRME para su posterior valorización en energía eléctrica. Finalmente y desde el año 2002, la asociación SIGFITO recoge los envases vacíos de productos fitosanitarios cuyo tratamiento era especialmente problemático. La Asociación se creó por los mismos fabricantes de envases y su gestión se financia con la contribución económica realizada por cada fabricante basada en las unidades puestas en el mercado. Este sistema no es ni mucho menos integral, habiendo grietas y generando problemas que la nueva ley trata de solucionar.

La principal novedad de la ley es la incorporación de la «responsabilidad ampliada al productor» y la posibilidad de articular «sistemas colectivos de responsabilidad ampliada bajo la forma asociativa». En la práctica, todo fabricante incorpora en el precio del producto una pequeña parte que cubre el coste del sistema de recogida y tratamiento de los residuos, de manera que el agricultor no tiene que pagar por el servicio puesto que ya está incorporado en el precio. A partir de aquí se ha creado una SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada al Productor) bajo la forma de una Asociación de nombre MAPLA (Medio Ambiente, Plásticos y Agricultura) donde están integrados el 80% de los fabricantes de todo tipo de plásticos de uso agrario y que aspira a llegar en breve al 90%. El propio SCRAP está organizando en cada Comunidad Autónoma con gestores contratados el sistema de recogida y tratamiento para cada tipo de plástico y en función de su destino. Las empresas gestoras ejecutarán las peticiones de recogida que los agricultores y ganaderos soliciten a través de la herramienta informática y una app descargada en el móvil. Con este cambio, el escenario a partir de 2023 será mucho más sencillo y simple para todos, en especial para la payesía y las empresas.