Los analistas y exégetas de la derecha realizan día a día un prodigioso trabajo de recuento de los apoyos con los que puede contar Pedro Sánchez, en una búsqueda entomológica necesariamente compleja porque la fragmentación de la izquierda ha llegado a límites insondables. Tras el debate sobre el estado de la nación, en que se advirtió que el gobierno de coalición, aunque aparentemente sumido en un debate interno interminable, era capaz de afrontar con decisión las dificultades añadidas que la guerra de Ucrania ha hecho recaer sobre los hombros de la recuperación y resiliencia tras la gran pandemia, se ha examinado con lupa la relación entre el PSOE y sus socios de coalición, entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, entre el PSOE y Esquerra Republicana, entre los socialistas y el PNV… También se contempla con minuciosidad la ardua aventura de Sumar, que debería proporcionar el complemento por babor al partido socialista con el fin de reproducir la coalición actual tras las próximas elecciones generales.
La derecha, rearmada por la victoria clara en Andalucía, que todavía forma parte del mismo ciclo político que instaló en el gobierno a Moreno Bonilla (quien, por cierto, ha evitado mostrar las siglas del PP en campaña), pensaba con inocencia que la defenestración de Casado por el golpe de mano de Ayuso y la llegada del periférico Feijóo, quien domina el gallego pero no sabe una palabra de inglés, sería suficiente para desmantelar definitivamente a la izquierda y reconquistar el poder (ya se sabe que la derecha siempre considera una anomalía preocupante no gobernar). Pero los hechos parecen apuntar otra cosa. En primer lugar, la celebración en Madrid de la Cumbre de la OTAN a finales de junio ha mostrado no solo la capacidad de España para albergar con lucimiento y soltura un evento de tanta enjundia sino también la solvencia de quienes han actuado como anfitriones, con Pedro Sánchez a la cabeza.
En segundo lugar, el debate sobre el estado de la nación, celebrado en fechas en que había de dar respuestas a las iniciativas comunitarias para minimizar los efectos de la guerra de Ucrania y presentar un frente unido en apoyo de los agredidos frente a los agresores, ha permitido al gobierno anunciar oportunamente un conjunto de medidas que, aunque no conseguirán domeñar la inflación —la política monetaria está en manos del BCE, y una estanflación es muy difícil de resolver mediante los procedimientos habituales de subida de tipos de interés—, sí minimizarán los daños a los menos pudientes.
La derecha ha pretendido considerar los gravámenes temporales a bancos y energéticas como unas medidas de extrema izquierda, cuando numerosos países europeos conservadores y socialdemócratas se están sumando a esta lógica de reclamar la ayuda de los sectores beneficiados (hay que pensar que la Banca recibió grandes ayudas en la pasada crisis financiera; en el caso español, más de 50.000 millones de euros). Y, por supuesto, las facilidades al transporte público van en la dirección correcta de ayudar a los titulares de las rentas más bajas. La pusilanimidad del PP ya le ha enfrentado a todas estas ayudas, como en su momento a la subida del salario mínimo, como en todo momento a la indexación de las pensiones con el IPC, de modo que ya saben los pensionistas y los trabajadores sin cualificar lo que ocurrirá en cuanto el PP recupere el poder.
Es cierto que la izquierda ha tenido dificultades para reorganizarse a partir de los nuevos esquemas pluripartidistas. Pero ya se ha visto que el gobierno, aunque con discrepancias internas, no tanto relativas a las ideas cuanto a la gradualidad de las medidas, está funcionando en la práctica como un reloj. Su sintonía con Bruselas —para lo que es pieza clave la presencia en el Ejecutivo de Nadia Calviño— ha allanado todos los obstáculos y nuestro país, colaborador leal de los designios de Bruselas, se está beneficiando de esta relación. En definitiva, la izquierda es —y seguirá siendo, parece— lo bastante sensata para mantener esa unidad plural que nos ha traído hasta aquí, lejos del alcance de la extrema derecha con la que el PP parece no sentirse tan a disgusto.
