La Justicia ha resuelto que las jerónimas son las propietarias del monasterio de Santa Elizabet, conocido como convent de Sant Jeroni, y ha anulado la inmatriculación llevada a cabo por el Obispado, que ya ha anunciado recurso. No se entiende que quienes piden a sus feligreses que se den fraternalmente la paz, no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo ni con la mediación del Vaticano, y que aún hoy, tras la rotunda sentencia de la magistrada Pilar Ramos, mantengan las espadas en alto.

En el largo enfrentamiento por el reino

de este mundo que se disputa en el seno de la Iglesia, ambas partes se han acusado de perseguir intereses terrenales. El inicio de esta guerra se remonta a 2014, cuando pocos meses después de que las últimas cinco monjas dejaran el convento para instalarse en Inca por su avanzada edad y las dificultades para seguir habitando el espacio, que era la casa de la orden desde 1485, el obispo Javier Salinas inmatriculó el recinto. Las religiosas apuntaron a los intereses del entorno inmobiliario del prelado enamorado, quien a su vez decía blindar el complejo frente a una posible venta de las jerónimas, de la que dejó constancia en un comunicado sor Trinidad Cabrero, entonces presidenta de la Federación Jerónima. Los actuales responsables, tanto la priora Ángeles Sanz como el obispo Taltavull, parecen alejados de esas intenciones, imposible de acometer con el actual ordenamiento urbanístico de Palma, y hablan de recuperar la vida religiosa, pero sin solución a la vista y con gran distanciamiento. No se entiende que en una isla desbordada por necesidades sociales de gente mayor, discapacitados, mujeres maltratadas y familias sin hogar, se mantenga vacío en el corazón de la Palma antigua un complejo de cuatro mil metros cuadrados, con monasterio, iglesia y una casa anexa, con habitaciones, áreas comunes, huerto y jardín. Jerónimas, Obispado y Administración tienen el deber de trabajar conjuntamente para darle un uso beneficioso para la sociedad y que garantice la conservación de un valioso patrimonio, con calificación de Bien de Interés Cultural, que más allá del título de propiedad, pertenece a todos los mallorquines. En mitad de esta batalla, Amadip Esment, con una gran trayectoria en el campo de la discapacidad, llegó a presentar un proyecto que aunaba la vertiente social con la patrimonial y religiosa, que nadie atendió y que tal vez sea hora de revisar, aunque sea para inspirarse.

Por sus obras los conoceréis,

dice el Evangelio. La superación de este conflicto exige un espíritu generoso y altruista de verdad, como el de Pat Bishop, fallecida el pasado día 10. Lejos de ver en Mallorca una tentación para la codicia, esta británica instalada en la isla luchó en los años 70 por la protección de s’Albufera y financió de su bolsillo la construcción de tres puntos de observación de aves, además de realizar una generosa aportación para crear y dotar un laboratorio. Sant Jeroni necesita el espíritu de Pat.